El gobierno de México tiene la capacidad, en caso de querer hacerlo, de expropiar definitivamente las vías férreas de Ferrosur en Veracruz para “la utilidad nacional”, aunque ello implicaría enviar un nuevo mensaje de desconfianza y falta de estado de derecho a los inversionistas nacionales y extranjeros, afirmaron especialistas del sector financiero.

“El gobierno está siendo cuidadoso, es una ocupación temporal y la operación de las empresas no se ha detenido, hay presencia militar en la zona pero no se ha obstruido u ocupado las instalaciones de la empresa”, dijo Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (Lacen) de la UNAM.

Grupo México puede apelar la decisión ante la Cámara Internacional de Comercio o solicitar a sus socios de Estados Unidos y Canadá que pidan consultas bajo los capítulos 14 o 22 del T-MEC bajo el argumento de que están siendo afectados por la ocupación; aunque la firma, propiedad del empresario Germán Larrea, en esta ocasión “tiene todas para perder”, dijo el especialista.

“El problema en este tipo de apelaciones es que la empresa debe indicar que el Estado no le otorga beneficios, pero no es el caso, ya que la ocupación del tramo es para un proyecto de infraestructura del gobierno, entonces lo más sensato podría ser acudir a la Cámara de Comercio Internacional en lo que respecta a un obstáculo por parte de un gobierno a una empresa privada y quizá después acudir a tribunales internacionales para apelar la decisión”, mencionó Martínez.

El viernes pasado personal de la Marina ocupó un tramo ferroviario concesionado a Ferrosur, filial de Grupo México, y lo acompañó de un decreto en el Diario Oficial de la Federación. El conglomerado de Larrea informó que analiza las acciones para responder a la medida. Según el Lacen, la importancia de ese trecho es que más de 80 por ciento de los materiales para producir plástico pasan por ahí.

Efecto secundario al nearshoring

James Salazar, subdirector de análisis de CIBanco, señaló que el fenómeno de la relocalización de empresas (conocido como nearshoring) se puede ver afectado de forma negativa por la decisión del gobierno. “Hay una preocupación ante estas decisiones, el punto medular es si efectivamente se viola el estado de derecho o no se genera un ambiente propicio a los negocios, ello podría tener implicaciones negativas de la percepción de confianza al país y eventualmente en la inversión extranjera”, planteó.