Madrid. Los insultos racistas contra el jugador de Real Madrid, Vinicius Junior, se convirtió en un asunto de Estado en su país natal, Brasil, donde el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva reclamó a las autoridades españolas través de la embajada y del Ministerio de Justicia una actuación contundente contra los responsables. Más aún, en caso de que los tribunales ibéricos no lo hagan, se plantean apelar al principio de “extraterritorialidad” para juzgar en los juzgados brasileños a las personas que gritaron a voz en grito “¡Eres un mono, Vinicius, eres un mono! y le hicieron gestos corporales y guturales similares a los de los chimpancés.

La Policía Nacional española informó de la detención de siete personas presuntamente vinculadas a los hechos del pasado domingo en el estadio del Valencia y a otro ataque previo, a principios de año, en Madrid, cuando se colgó de un puente un muñeco de tamaño natural del jugador brasileño como gesto de amenaza.

Los insultos racistas a Vinicius del pasado domingo en Valencia han provocado una ola de solidaridad e indignación en todo el mundo, pero sobre todo en Brasil, donde ya asemejan a la Liga de futbol española con el Ku Kux Klan y denuncian la tibieza de las leyes y las autoridades para atajar un problema añejo y cotidiano en los estadios de futbol, protagonizado sobre todo por las peñas ultras de aficionados de los equipos.

Un gesto que muestra lo hondo que ha calado el asunto en Brasil es que en la noche de ayer uno de los símbolos más emblemáticos del país, el Cristo Redentor de Río de Janeiro se quedó a oscuras en solidaridad con el jugador del Real Madrid.

El presidente Lula da Silva ya afirmó el lunes pasado su preocupación ante el aumento sin control del “fascismo” y el “racismo” en España, pero además decidió emprender una ofensiva diplomática para evitar que este asunto caiga en el olvido y que los responsables no reciban el castigo que a su juicio se merecen. Máxime con los precedentes que hay en España en este asunto, que es el único país europeo en el que no se ha cancelado nunca ningún partido de primera división por insultos racistas.

En Inglaterra, Alemania o Italia es algo habitual y de hecho eso ha provocado que disminuyan notablemente este tipo de ataques. Sólo en Alemania, en los últimos diez años se han cancelado más de 100 partidos por este motivo. Además en España tampoco hay ningún caso en el que se haya condenado penalmente a una persona por proferir insultos o cánticos racistas en un estadio de futbol, cuando en el resto de países europeos es también algo habitual.

De ahí que el gobierno de Lula haya decidido emprender una ofensiva a través de dos vías: por un lado, la embajada de Brasil en España solicitó formalmente reunirse con los responsables del ministerio de Asuntos Exteriores, del ministerio de Igualdad y con la fiscal responsable del caso, Susana Gisbert, para conocer de primera mano las actuaciones realizadas. Y, por otro lado, el ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, declaró abiertamente que si no se actúa con contundencia ellos no se quedarán de brazos cruzados: “Estamos estudiando la posibilidad de aplicar el principio conocido como extraterritorialidad.

El Código Penal prevé que, en algunas situaciones excepcionales, es posible aplicar la ley brasileña en caso de crímenes contra brasileños incluso en el exterior. El principio de extraterritorialidad está en el Código Penal, derivado de la solicitud del Ministro de Justicia. Remedio extremo en caso de delito contra brasileños, que puede ser útil en caso de inacción de las autoridades inicialmente competentes. Puede funcionar como respuesta a una agresión injusta contra un compatriota… Por cierto, el principio también existe en España y otros países”, declaró el político brasileño a los medios de comunicación de su país.

El gobierno español, del socialista Pedro Sánchez, respondió a través de la vocera del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, que afirmó que “lo que sí decimos a todos nuestros compatriotas y al ámbito internacional es que en España este tipo de comportamientos no quedan impunes y por tanto todos los órganos judiciales y policiales trabajan para perseguirlos siempre”.

Además, recordó que en España está en vigor una ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte que data del año 2007. Por lo que “en España hay plena seguridad jurídica, tanto en las actuaciones policiales como en las actuaciones judiciales”, aseguró. Precisamente en esa ley se decidió crear un Observatorio de la Violencia, el Racismo y la Intolerancia, que lleva más de ocho años sin reunirse ni ser convocado o consultado por los gobiernos de turno, incluido el actual.

En cuanto a las actuaciones policiales de esta caso en concreto, la Policía Nacional informó de dos operaciones realizadas a lo largo de la mañana; una en Valencia, donde fueron detenidos tres jóvenes de entre 18 y 21 años como los presuntos responsables de los cánticos racistas del pasado domingo.

La justicia les abrió diligencias para ser juzgados por un delito de odio. Unos minutos después de su comparecencia fueron puestos en libertad con cargos. Además se informó de la detención de cuatro personas -tres de ellos vinculados al grupo ultra Frente Atlético-, por haber presuntamente colgado un muñeco con la camiseta del futbolista en un puente horas antes de un partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid que se disputó a finales de enero.

Susana Gisbert, fiscal delegada de delitos de odio de la Fiscalía Provincial de Valencia y encargada del caso, explicó que es “importante actuar de forma tajante y sin fisuras en este tipo de casos ante la repercusión de un deporte como es el futbol.

Precisamente en este ámbito, en el deportivo, se deberían primar los buenos valores, con lo que este tipo de prácticas hay que cortarlas de raíz”. Además advirtió que el objetivo de la investigación abierta “es recabar todo el material audiovisual del que se disponga y el acta arbitral del partido para determinar no sólo si hubo insultos, sino si los mismos están motivados por el color de piel de la víctima y si, además, entrañan humillación o menosprecios, dos circunstancias que exige el tipo penal”, con lo que los autores de los insultos se podrían enfrentar a un delito de odio con penas que van desde la multa hasta los cuatro años de cárcel.