El gobierno capitalino presentó los nuevos proyectos del Plan General de Desarrollo (PGD) y del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) de la Ciudad de México, de cuyos lineamientos estará exenta la alcaldía de Milpa Alta.
Ante representantes de organizaciones de la sociedad civil, vecinales y académicas, así como de pueblos originarios y de movimientos urbanos, el secretario de Gobierno, Martí Batres, aseguró que en los documentos que serán enviados para su eventual aprobación al Congreso capitalino se recoge el conjunto de críticas y observaciones de varios sectores de la sociedad.
En el patio del antiguo Palacio del Ayuntamiento, destacó que con los nuevos ordenamientos no se permitirá la construcción de megaproyectos en zonas de estrés hídrico y se agrega la posibilidad de ciertas zonas para la vivienda de interés social, adecuada, asequible y bien ubicada.
Señaló que se incorpora la existencia del uso de suelo habitacional puro y, particularmente el habitacional familiar, para que las colonias con vocación residencial no se vean arrasadas por la construcción de edificios; se mantienen vigentes los programas parciales, y se agrega un mecanismo para impedir la privatización del agua.
Aunque se establece que el suelo de conservación no se va a dividir en suelo rural como se había planteado anteriormente, lo que había causado el malestar de los pueblos originarios de Milpa Alta, acotó que para esta alcaldía los nuevos planes de desarrollo no tendrán efectos legales y administrativos, por lo que se seguirá rigiendo por lo dispuesto en el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal, para cumplir con los acuerdos con los habitantes que se habían inconformado.
Para que las nuevas disposiciones se concreten, dijo que los diputados locales tienen aún varias reformas pendientes por resolver, entre ellas la relacionada con los plazos de aprobación de estos planes urbanos, así como aquella para establecer los requisitos para formar parte de los organismos ciudadanos que acompañan al Instituto de Planeación.
También deben modificar la Constitución local para eliminar el concepto de “suelo rural”, y posteriormente aprobar ambos documentos, previo análisis.
El director ejecutivo de Planeación del Desarrollo del Instituto de Planeación, Patricio Carezzana Barreto, subrayó que estos dos proyectos son resultado de un amplio e intenso proceso de diálogo social que contó con 14 mil 491 participaciones, de las que se obtuvieron 35 mil 69 opiniones y propuestas, las cuales derivan de mil 362 actividades de participación ciudadana.
