Wendy Gabriela Arrieta Camacho, ex directora general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), obtuvo un amparo por parte de un tribunal colegiado contra la vinculación a proceso que un juez federal le dictó por el uso ilícito de atribuciones y facultades. Se le acusa de haber firmado un contrato por 23 millones de pesos con una universidad pública.
Los magistrados del colegiado revocaron la sentencia del juzgado sexto de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, el cual le había negado la protección de la justicia federal. La medida cautelar es para el efecto de que el juez de la causa reponga el procedimiento y emita una nueva resolución debido a que hubo vicios formales en el litigio. No se hizo público el expediente, sólo el sentido del fallo.
En su demanda, la ex funcionaria alegó, entre otras cosas, que el juez de control confundió el precepto por el cual el Ministerio Público formuló la imputación y solicitó la vinculación, pues hizo la valoración conforme al artículo 217 del Código Penal Federal vigente en ese momento y no cuando acontecieron los hechos, es decir, señaló los extremos de un artículo que no existía en 2015, ya que ese precepto legal fue motivo de reforma el 18 de junio de 2016 y al resolver el juez de control utilizó ambos numerales de forma indistinta.
A 10 años del delito
Arrieta Camacho sigue su proceso en libertad provisional, aunque el juez de control le prohibió salir del país. La Fiscalía General de la República la imputó por supuestamente haber suscrito el anexo técnico tres del convenio de colaboración del 6 de mayo de 2013 entre la dependencia y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos durante la gestión de Rosario Robles como titular de la Sedesol.
El expediente indica que el 15 de agosto de 2014, en su calidad de directora general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Sedesol, la quejosa contrató de manera indebida el anexo técnico tres del convenio de colaboración del 6 de mayo de 2013 entre la dependencia y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para mejorar el proceso de gestión documental de la secretaría, el trámite de asuntos administrativos y el proceso de gestión para la atención ciudadana mediante un servicio de desarrollo, implementación y puesta en operación del sistema de control de gestión con interoperabilidad y uso de firma electrónica avanzada.
Sin embargo, fue un contrato indebido, de acuerdo con las autoridades, ya que las condiciones eran que la universidad no podía subcontratar más de 49 por ciento de lo acordado a un tercero, pero pagó 21 millones 333 mil pesos a Fralo Soluciones Tecnológicas, más de 92 por ciento.
