San Cristóbal De Las Casas, Chis. Sujetos no identificados comenzaron a retirar, con apoyo de hombres armados, barita extraída hace unos años por la empresa canadiense Blackfire Exploration México de una mina ubicada en el ejido Grecia, municipio de Chicomuselo, en la sierra de Chiapas, informaron pobladores de la zona, quienes indicaron que los estibadores serían empleados de una empresa cuyo nombre ignoran.

“El sábado entraron ocho camiones e hicieron muchos viajes de la barita que se encuentra amontonada en una plataforma ubicada en tierras del ejido Nueva Morelia (vecino de Grecia); dicen que van a tardar entre ocho y 10 días, porque son muchas toneladas”, dijeron.

“Todo el día estuvieron trabajando y llevando el material, supuestamente a la cabecera (municipal) de Chicomuselo; la comunidad no pudo evitar que entraran porque cuando fueron a hablar con nosotros hace unos días, iban armados, respaldando a las mineras para que no nos opongamos”, manifestaron.

Los ejidatarios recordaron que el jueves pasado hombres armados a llegaron amenazarlos para que dejaran pasar los camiones para sacar el material y les advirtieron: “Si alguien se mete con nosotros, ya sabe lo que le va a pasar”.

Indicaron que uno de los estibadores les dijo: “Mi empresa no tiene nombre” y no les dio información ni presentó documentos. “Traen gente violenta y nosotros somos gente pacífica. Estamos pidiendo al gobierno que nos ayude, porque somos vulnerables y no tenemos cómo enfrentarnos a ellos”, aseguraron.

Ante el ingreso por la fuerza de los camiones y las amenazas, los vecinos de Nueva Morelia tuvieron el viernes anterior una asamblea en la que acordaron enviar una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para que intervenga.

“Nos reunimos en asamblea general en el ejido Nueva Morelia para manifestar nuestra inconformidad sobre la explotación de la mina que hará una empresa en el ejido Grecia. Ese saqueo afecta un manantial de agua; de ahí viene el agua potable que abastece a nuestra población y por eso el ejido lo rechaza totalmente (la llegada de desconocidos) porque perjudicaría la salud de nuestra población”, escribieron en el documento.

Agregaron que “el grupo minero pidió que la población no le estorbe en su camino, que transite libremente. Pedimos a las tres instancias de gobierno su valiosa intervención para dar solución a este problema, ya que perjudica a nuestra población, trayendo contaminación y enfermedades”.

En otro escrito expusieron que “los mineros, junto con el crimen organizado, se están llevando la barita que está en el ejido Nueva Morelia”, por lo que pidieron “de manera atenta a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Guardia Nacional que los detengan en Chicomuselo y los remita a la Fiscalía General de la República por los delitos que resulten, ya que la minería es del fuero federal”.

Los problemas para los habitantes de comunidades de Chicomuselo comenzaron hace 20 años, cuando la Compañía Minera Caracol inició trabajos de explotación de barita en la mina La Revancha, ubicada en el barrio San Ramón, perteneciente al ejido Grecia, que colinda con Nueva Morelia, donde la firma construyó en esa época bodegas, dormitorios y un comedor para sus empleados.

Caracol abandonó la zona, aparentemente por estar en quiebra, y en 2006 vendió los derechos de la concesión a Blackfire Exploration México, que comenzó a trabajar en el área en ese mismo año.

Entre protestas de los residentes de Grecia y de localidades aledañas, por falta de cumplimiento de promesas del consorcio canadiense, retención de camiones y de trabajadores, Blackfire Exploration México siguió explotando la mina hasta que fue clausurada luego del asesinato de Mariano Abarca Roblero, dirigente opositor a la explotación de yacimientos, perpetrado en la cabecera municipal de Chicomuselo el 28 de noviembre de 2009.

Blackfire abandonó la zona después, sin que se supiera oficialmente quién compró los derechos de la concesión. No habían pasado ni cinco años cuando comenzaron a llegar personas a hostigar a habitantes de la región para que les permitieran seguir explotando las minas para sacar barita y retirar el material que la compañía canadiense abandonó en San Ramón y Nuevo Morelia.

El año pasado se incrementó el ingreso de supuestos representantes de empresas que compraron los derechos, por lo que en varias ocasiones campesinos de la zona los retuvieron y luego los liberaron con el compromiso de que no regresarían.

Ante la resistencia de los labriegos, los personeros de mineras cambiaron su estrategia y se hicieron acompañar por hombres armados, presuntamente miembros de grupos criminales que operan en la frontera con Guatemala.

Hace unos seis meses ingresaron a Santa María, localidad vecina de Nueva Morelia, para extraer barita sin que los pobladores pudieran impedirlo. Incluso, la parroquia católica local que tuvo un papel destacado en las protestas contra la minería decidió suspender sus movilizaciones, por no arriesgar a sus feligreses.

“La resistencia en contra de los megaproyectos se ha ido apagando”, comentó un residente que pidió anonimato. “La presencia del crimen organizado es muy fuerte. Los supuestos empresarios mineros llegan prepotentes con hombres armados, pero no dicen el nombre de la empresa ni presentan documentos. Las autoridades de las comunidades ya han sido rebasadas y no tienen el poder para contenerlos. En Santa María ya acabaron casi con la mitad del cerro”, sostuvo.