Frente a un presupuesto “cada vez mayor”, el Instituto Nacional Electoral (INE) aplicará una “reingeniería” de gasto que derive en una mejor aplicación de recursos, señaló la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, en un primer diagnóstico de los retos que enfrenta el organismo.

La curva presupuestal es ascendente; por ejemplo, para la elección de 2012, la bolsa del INE fue de poco más de 10 mil millones de pesos, mientras que para la de 2021 esta marca se ubicaba en la línea de los 20 mil millones.

Visto en función de años en donde hubo elección presidencial y renovación total del Congreso de la Unión, en la más reciente, en 2018, el presupuesto fue de casi 18 mil millones de pesos, sin contar las prerrogativas a partidos.

Por ello recalcó que el gasto del INE “puede optimizarse sin afectar su calidad” y para ello se puede echar mano, por ejemplo, de los debates presidenciales, de la revisión de los mecanismos de votación y de impulsar la infraestructura tecnológica.

Si bien en las gráficas no se detalla el factor inflacionario en los últimos lustros, la tendencia presupuestal del organismo no corresponde con los niveles de participación ciudadana.

En el apartado “los retos y tareas del INE para el bienio 2023-2024” también se resalta la importancia de atender el ánimo ciudadano, pues de cada 10 personas con credencial para votar, sólo seis van a las urnas.

En la elección federal de 2018, el costo por cada elector inscrito en el padrón fue de 196 pesos y se calcula que el costo de la infraestructura subutilizada (electores que no votaron) ascendió a 4 mil 800 millones de pesos, de un presupuesto general de 17 mil 500 millones de pesos, igualmente sin contar el dinero público que se entrega cada año a los partidos.

Si bien la lista nominal (compendio depurado con el nombre de las personas en posibilidad de votar) tiene desde hace 25 años –salvo el periodo 2012-2015– una cobertura de casi 100 por ciento, la gráfica de participación ciudadana tiene notables subidas y bajadas. A esto el INE le llama “asimetría institucional”.

El nivel más bajo ha sido en la elección intermedia de 2003 (con apenas 41.3 por ciento) y el más alto en 1994, con 77.1 por ciento, mientras que en la pasada elección presidencial fue de 63.4 por ciento y en la intermedia de 2021, 52.3 por ciento.

La perspectiva de Taddei se enfoca en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del INE, consolidar el Servicio Profesional Electoral, la educación cívica y el modelo nacional del sistema de elecciones.

Asimismo, destaca la necesidad de generar confianza entre la ciudadanía y los actores políticos, al “definir con oportunidad las reglas de la competencia”.

También agilizar los procesos para lograr la disminución de conflictos y hacer una promoción eficaz del voto.

En los “retos específicos” de cara a la megacontienda del año próximo, el objetivo es garantizar elecciones “con calidad”, en un contexto de 20 mil 263 cargos en disputa.

En perspectiva, México irá a elecciones con un padrón de 98.6 millones de electores; se instalarán 170 mil casillas, y habrá que visitar a 1.5 millones de ciudadanos, potenciales funcionarios de casilla.