Hace unos días, el líder del Senado, Alejandro Armenta, subió a la tribuna del Congreso para hacer públicos unos mensajes electrónicos que recibió de quien preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Lo hizo porque la primera frase de este chat decía: “¿Usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice?”. Cuando la comunicación entre dos poderes del Estado se personaliza de esa forma estamos en presencia de una amenaza con un nivel de prepotencia inaceptable. No es, como se ha tratado de banalizar, “un chat de vecinos” sino la vía que la cabeza de la autoridad judicial decide para reprocharle al legislativo que ponga a debate y a consulta la elección de los ministros, la reducción de su despilfarro presupuestal, y el fin del nepotismo en el aparato de justicia. Al día siguiente de la denuncia del presidente del Senado, la propia presidenta Piña admitió que esos mensajes eran de su autoría pero lo hizo mediante una carta dirigida a nadie, pero que redactó “por respeto a quienes han mostrado apoyo a mi persona, por respeto a mis pares y a mi familia”. Es decir, no como respuesta al Poder Legislativo ni a la ciudadanía que vio con asombro el uso socarrón por parte de la ministra del emoji que ríe hasta las lágrimas, sino sólo al íntimo grupo que la respalda. La respuesta de Norma Piña entraña su idea de a quién cree ella que responde uno de los poderes de la República. Por último, en medio de este escándalo de falta de institucionalidad, prepotencia, y desdén por los representantes populares, se dio una nueva sesión del pleno de la Suprema Corte donde se invalidaba un decreto presidencial sobre la seguridad nacional de las obras de infraestructura. La decisión fue respondida por el Poder Ejecutivo con un nuevo decreto.

Me interesa el debate de fondo: la elección de los ministros en urnas. La oposición encabezada por algunos de los ministros ya jubilados, pero todavía muy activos en el “litigio estratégico”, es decir, en la guerra judicial y mediática contra la 4T, ha sacado del baúl de los recuerdos el término “contra-mayoritario”, un término debatido por Alexander Bickel en Estados Unidos desde hace más de 60 años. El término se refiere a que existe una contradicción entre democracia y constitucionalismo: lo que la mayoría decide puede ser revertido a golpes de sentencias judiciales. Lo que se han llamado “las dificultades contra-mayoritarias” son dos: ¿por qué unos jueces que no se sabe a quién responden pueden eliminar lo que ha decidido un poder legítimamente electo y que rinde cuentas? Y también, ¿los jueces son ajenos a los sesgos políticos, los sobornos, la presión de los poderes económicos, legales o ilegales, por el solo hecho de ser jueces? Esto último ha resaltado desde la llegada al poder de Norma Piña: el mismo día que un jurado en Nueva York decidió que Genaro García Luna era narcotraficante, se le descongelaron las cuentas a su esposa; se otorgaron amparos a sujetos con procesos por lavado de dinero, facturación falsa, secuestro –Daniel Arizmendi–, y hasta a uno de los responsables de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, José Luis Abarca, y a Héctor El Güero Palma, cofundador con El Chapo Guzmán del cártel de Sinaloa. No obstante el clamor por el esclarecimiento de la desaparición de los estudiantes en Iguala, el juez Samuel Ventura Ramos ha liberado a 120 de los inculpados. No obstante la aprobación mayoritaria de la reforma eléctrica, el juez Juan Pablo Gómez Fierro amparó a todas las industrias extranjeras. Es como si estar en contra de la mayoría fuera el objetivo de la división de poderes o la demostración de “independencia”. Pero, en realidad, señala la subordinación oscura de los jueces a los poderes económicos, mediáticos, y de la oposición que no puede ganar en las urnas.

Los defensores de que el Poder Judicial siga sin tener consecuencias de sus decisiones y no le rinda cuentas a ninguna instancia electa, sostienen que es “para defender a las minorías”. El problema con este argumento es que confunde mayoría con representatividad. Ésta última se refiere al origen electivo, no tanto a los resultados o sentencias de esa autoridad a favor de una “minoría” que, en el caso mexicano, nunca ha sucedido: jamás se amparó a los campesinos contra el despojo de tierras y aguas y, en cambio, se protegió a las mineras, eólicas, y cerveceras. El aparato de justicia se ha convertido en una última instancia para la élite que no puede lograr sus objetivos mediante la política, no porque sea “minoría”, sino porque sus intereses carecen de aceptación general. El argumento opositor confunde minoría con élite. Cuando los jueces deciden entre beneficiar a una corporación y no amparar a unos ejidatarios, no están ejerciendo una determinación neutral, “apegada a derecho”, sino interpretando en un sentido o en otro la misma ley. Así, la ley es construída con base en esas elecciones de los jueces, no “descubierta” entre las líneas escritas de la Constitución. Por eso, los jueces no son justos porque sean jueces, sino porque son consistentes con la idea social de justicia. Cuando se erigen en protectores de una élite, van en contra de la democracia porque no están evaluando si la legislación beneficia a la nación y el interés general, sino a un grupo de la élite que, no obstante que tiene representación en el Congreso, que no se le excluye de las decisiones y que controla casi todos los medios de comunicación, la academia, y las ONG, simplemente perdió. Al contrario de la élite, una minoría siempre es vulnerable socialmente, no porque sea cuantitativamente menor, sino porque no tiene más que su cuerpo para defenderse. Las minorías están protegidas por la supermayoría, es decir, por las tres cuartas partes que se necesitan para reformar la Constitución. Está protegida porque hay dos Cámaras que hacen las leyes. Está protegida por las cuotas de candidaturas, por la acción afirmativa. No es el papel de los juzgadores ir en contra de la mayoría para quedar como “más democráticos” cuando lo que han hecho hasta la fecha es defender a una élite que se ostenta como grupo vulnerable.