Ciudad de México. Sonia Vargas Terrero, Secretaria Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), antes de ser contratada en la Judicatura, colaboró en la Cancillería de julio de 2017 a febrero de 2019 y en la Fiscalía General de la República (FGR) de marzo de 2019 a marzo de este año, y según fuentes judiciales su contratación no la habría autorizado la presidenta de la Corte Norma Piña, sino un grupo de consejeros.

Vargas Terrero fue señalada ayer durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de estar ligada a Genaro García Luna y relacionada en la investigación que se hace respecto de contratos millonarios otorgados presuntamente de manera irregular durante el gobierno de Felipe Calderón.

De acuerdo con los señalamientos del mandatario, Vargas Terrero “era directora de Recursos Materiales cuando García Luna, fue directora general de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Policía Federal Preventiva en el periodo de García Luna, y está en investigación que se tiene en contra de García Luna de todos los contratos que entregaron.

“(Ella)Firmó contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento, prestación de servicios e infraestructura de la Policía Federal Preventiva con empresas que se encuentran en investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la FGR”.

Sonia Vargas Terrero fue contratada en abril de este año como directora de Área en la Dirección de Control de Nóminas, que forma parte de la Coordinación de Administración regional en la Ciudad de México, y supuestamente, funcionarios del Poder Judicial Federal aseguraron que su llegada al cargo fue por decisión de los consejeros Sergio Molina Martínez, Bernardo Bátiz y Lilia Mónica López Benítez.