La fiscalía rusa declaró este viernes a la ONG ecologista como organización "indeseable" y la acusó de injerencia, lo que de facto prohíbe sus actividades en el país.

Por su parte, Greenpeace calificó la decisión de etiquetarla como "indeseable", lo que criminaliza su trabajo, de "absurda y destructiva".

En un comunicado, la fiscalía general de Rusia afirmó que Greenpeace International, cuya sede se encuentra en los Países Bajos, representa una "amenaza para los cimientos del orden constitucional y para la seguridad" de Rusia y busca "derrocar el poder de manera inconstitucional".

La fiscalía también acusa a Greenpeace de alentar la "injerencia" en los asuntos internos de Rusia, de tratar de "socavar sus fundamentos económicos" y de financiar organizaciones rusas calificadas por las autoridades como "agentes extranjeros".

Greenpeace también está acusada de realizar "campañas de información" para "evitar la realización de proyectos rentables de infraestructura y energía" para Rusia, según la fiscalía, así como de "propaganda antirrusa" y de pedir "reforzar las sanciones" contra Rusia desde el comienzo de la campaña militar en Ucrania.

"Poner fin a las actividades de Greenpeace en Rusia es un paso absurdo, irresponsable y destructivo que nada tiene que ver con la protección de los intereses del país", subrayó la oenegé ecologista en su sitio internet ruso.

La filial rusa de Greenpeace, inaugurada en 1992, lleva a cabo operaciones en el país para concienciar sobre el cambio climático, combatir los incendios forestales, la contaminación y preservar especies animales en peligro de extinción.

En Rusia, según la ONG especializada OVD-Info, las organizaciones clasificadas como "indeseables" tienen prohibido abrir estructuras en el país, realizar proyectos o difundir información.

Desde el comienzo de la ofensiva en Ucrania, las autoridades rusas han acelerado drásticamente la represión de las voces críticas, que afectan también a círculos culturales y organizaciones ecologistas.