Oaxaca, Oax., Este jueves, al cumplirse 10 años de la detención arbitraria del profesor y defensor de derechos humanos Damián Gallardo Martínez, se efectuó un “acto de reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado mexicano y disculpa pública”, encabezado por el subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. El activista aceptó las disculpas, si bien las consideró insuficientes, pues al no haber certeza de no repetición, podrían resultar una simulación.

La actividad se realizó en el atrio del templo de Santo Domingo de Guzmán, donde Gallardo Martínez estuvo acompañado de su familia, defensores de derechos humanos y víctimas de represión. El acto fue recomendado en 2021 por el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas a través de la decisión CAT/C/72/D/992/2020, en la que se concluyó que el profesor fue aprehendido en forma arbitraria y se le sometió a tortura.

Damián Gallardo, indígena ayuuk originario de Santa María Tlahuitoltepec, recordó que su arresto se realizó la madrugada del 18 de mayo de 2013, dentro del marco de la lucha magisterial en contra de las reformas estructurales, entre ellas la educativa, impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Sujetos armados irrumpieron en el domicilio del mentor sin orden de cateo o de detención, lo golpearon y lo secuestraron durante más de 30 horas, tiempo en el que fue víctima de tortura física y sicológica, con la intención de que se inculpara de un secuestro que nunca cometió, por lo cual estuvo preso cinco años y siete meses.

Destacó que el daño no sólo se le infligió a él, sino a toda su familia, a su cultura y al movimiento magisterial, por lo que este acto fue importante, “pero sólo es una gota en un mar de injusticias, pues sigue habiendo defensores encarcelados”, como Pablo López Alavés, defensor de la naturaleza.

Por su parte, Alejandro Encinas reconoció que Gallardo Martínez padeció tortura a manos de la entonces Procuraduría General de la República, “fue criminalizado, estigmatizado y exhibido en medios comunicación sin respetar sus derechos y su presunción de inocencia; las autoridades ministeriales no le garantizaron su derecho a una defensa adecuada. En representación del Estado mexicano, reconozco que agentes públicos incumplieron sus obligaciones y provocaron que Damián Gallardo y su familia fueran objeto de violaciones graves a sus derechos humanos, por lo que ofrecemos una disculpa honesta, sincera y con convicción”.