Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrieron la posibilidad de que sean invalidados todos los reglamentos municipales y leyes estatales que prohíben el uso de popotes de plástico, esto al anular una norma en ese sentido, emitida por el ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa. La resolución fue aprobada por mayoría calificada, por lo que el fallo sentará jurisprudencia.

Con el único voto en contra de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, la segunda sala del máximo tribunal invalidó el reglamento municipal que prohibía explícitamente los popotes de plástico no biodegradables, “su comercialización, distribución o entrega, a título gratuito u oneroso”, vigente desde febrero de 2021.

El reglamento fue impugnado mediante amparo por la empresa Tetra Pak, quien fabrica contenedores desechables para bebidas que, en algunas ocasiones, incluyen un popote de plástico para tomar el producto directamente del envase.

La empresa denunciaba que dicho reglamento vulneraba el derecho al trabajo, la libertad de comercio e invadía facultades exclusivas del gobierno federal.

En primera instancia, este amparo fue desechado ya que el juez consideró que las disposiciones para prohibir los popotes de plástico “afectan con menos intensidad el derecho fundamental al trabajo de la quejosa, en relación con el beneficio que aporta a la sociedad y al ecosistema planetario.”

En la Suprema Corte esta decisión fue revertida al aprobar el proyecto del ministro Luis María Aguilar, quien consideró que legislar sobre el uso de materiales con fines alimentarios es un tema que compete exclusivamente al Congreso de la Unión.

Debido a que fue aprobado por mayoría calificada, este fallo sentará jurisprudencia, es decir, será un precedente jurídico de observancia obligatoria para casos similares.

El argumento del fallo es que ni los gobiernos municipales ni estatales tienen atribuciones para prohibir el uso de materiales con fines alimentarios.

En 27 estados de la República los congresos estatales han aprobado medidas similares, estas leyes podrían ser impugnadas con éxito, gracias al precedente aprobado por la SCJN.