Quito. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien tenía una casi segura destitución en camino, decretó ayer la disolución de la Asamblea Nacional y pidió a las autoridades electorales el llamado a comicios generales, decisión que los ecuatorianos llaman “muerte cruzada” y le permitirá gobernar seis meses por decreto.

La medida de Lasso, a quien el Parlamento enjuiciaba por presunta corrupción, fue denunciada por la oposición ante la Corte Constitucional. El gobierno, en cambio, apuntó a mostrarse fuerte dictando el primer decreto: una reforma tributaria.

La llamada Ley para el Fortalecimiento de la Economía Familiar contempla un aumento de los gastos deducibles anuales, que podrá ser hasta de 15 mil 294 dólares, dependiendo del número de cargas familiares. Según el ministerio de Economía y Finanzas, en Ecuador existen 341 mil contribuyentes que pagan impuesto a la renta, y con la reforma tributaria se beneficiará directamente 99.8 por ciento, es decir, a 340 mil 318 contribuyentes que tendrán, cada uno, un ahorro promedio de 558 dólares en el pago del impuesto.

En declaraciones a la prensa, el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, explicó que el decreto tiene una “sensibilidad especial por las familias que tienen varias cargas familiares o enfermedades raras y catastróficas”. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, mencionó que el segundo decreto a emitir sería una reforma laboral, mientras en el sector energético también se estarían analizando posibles concesiones de acuerdo al diario digital El Telégrafo.

Lo ampara la Constitución

Lasso recurrió a la “muerte cruzada” en medio del juicio político iniciado por la oposición, al acusarlo del delito de peculado por supuestas condiciones perjudiciales para el Estado en unos contratos de transporte marítimo de petróleo. El mandatario optó por esta figura contemplada en la Constitución ecuatoriana de 2008 ante la incertidumbre de no reunir los votos suficientes para salvar la moción de censura en el hemiciclo.

“Es una decisión democrática no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano la posibilidad de decidir”, expresó el mandatario, a quien la Constitución le permite postularse en los nuevos comicios. En su discurso emitido por cadena nacional, Lasso acusó al Parlamento de querer “desestabilizar al gobierno, la democracia y el Estado”, en el contexto de un país sumido en una crisis de inseguridad a manos del crimen organizado.

La Carta Magna fija tres causales para que el Ejecutivo declare la “muerte cruzada”, incluidas grave crisis política y conmoción interna, el motivo invocado por Lasso, quien atribuyó este estado a la crisis generada por el juicio político en su contra. Las otras causales son que el Parlamento se arrogue funciones que no le competan constitucionalmente, o si, de forma reiterada e injustificada, el Legislativo obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.

Hasta el avance del proceso electoral y la instalación de la nueva Asamblea Nacional, Lasso podrá expedir decretos-leyes de necesidad y urgencia económica, que deberán tener el dictamen favorable de la Corte Constitucional y podrán ser aprobados o derogados por la nueva legislatura que se posesione hasta el término del periodo.

Incorporada en el texto de la Constitución en un proceso iniciado por el ex presidente Rafael Correa (2007-2017), la “muerte cruzada” fue incluida teniendo en cuenta la historia turbulenta de Ecuador que terminó con tres mandatos presidenciales en nueve años: los de Abdalá Bucaram (1996-1997), Jamil Mahuad (1998-2000) y Lucio Gutiérrez (2003-2005).

La Constitución establece que en un plazo máximo de siete días luego de la publicación del decreto de disolución, se convocará a elecciones legislativas y presidenciales para completar el actual mandato de cuatro años, que empezó en mayo de 2021. La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, confirmó que el proceso de votación debe realizarse dentro de los próximos 90 días y sostuvo que en las próximas horas organizarán un calendario electoral, coordinado con el Tribunal Contencioso Electoral, que debe ser aprobado por el pleno del CNE.

La sede del Congreso amaneció ayer bajo resguardo militar y policial, mientras el palacio de gobierno en el centro histórico de Quito estaba custodiado por un puñado de uniformados. Las fuerzas militares y policiales de Ecuador manifestaron su respaldo al presidente, cuya decisión “está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada completamente por todos los ciudadanos”, según una declaración del general Nelson Proaño, jefe de las Fuerzas Armadas.

“Autogolpe de Estado”

El ex presidente Rafael Correa, cuyo movimiento era la principal fuerza legislativa con 49 de las 137 bancas, tildó de “ilegal” y de “golpe de Estado” la decisión de Lasso. “Es obvio que no existe ningún estado de conmoción interna, sino un juicio político en aplicación de la Constitución. En todo caso, es la gran oportunidad para mandar a la casa a Lasso, su gobierno y sus legisladores de alquiler”, expresó Correa, exiliado en Bélgica pero muy influyente en Ecuador.

Leonidas Iza, presidente de la mayor organización indígena del país, la Conaie, calificó la decisión de Lasso de “autogolpe de Estado encubierto, apoyado por botas y bayonetas”, y anunció la convocatoria a las comunidades y pueblos indígenas del país a desarrollar “asambleas territoriales permanentes”. En tanto, el Frente Popular, una alianza de organizaciones de trabajadores, docentes, campesinos, estudiantes y mujeres, llamó a defender en la calle “los derechos y libertades que hoy están en juego producto de un dictadorzuelo”.

El correísmo y el conservador Partido Social Cristiano (PSC), los principales promotores del juicio político contra Lasso, rechazaron que exista una grave crisis política e interna y cuestionaron la legitimidad del movimiento de Lasso, al que acusaron de usar la “muerte cruzada” para evitar una probable destitución. En ese sentido, el PSC ya presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, que en su momento autorizó que se abriera el juicio político por el delito de peculado pero no por el de concusión, el más mediático al involucrar una supuesta trama de corrupción en empresas públicas donde aparecía el empresario Danilo Carrera, cuñado de Lasso.

La asambleísta Marcela Holguín, afín al ex presidente Correa, aseguró que la “muerte cruzada” es una medida extrema de un “presidente desahuciado” que “se aferra al poder” y se niega a “irse a su casa” para “permitir que Ecuador resurja”. En cambio, el ex candidato presidencial por el movimiento indígena Pachakutik, Yaku Pérez, no vio ilegalidad en la medida tomada por Lasso al ser una “salida constitucional” que supone “un alivio a la incompetencia e indolencia de la pesadilla que representaba el presidente Lasso”.

Mientras, el ex presidente Lenín Moreno se mostró partidario de la medida y solicitó unidad para evitar que el correísmo triunfe en las próximas elecciones generales. Moreno, quien al ocupar la presidencia se distanció del correísmo luego de haber sido el vicepresidente de Correa, pidió que no se repita lo ocurrido tres meses atrás, cuando en la cita electoral del 5 de febrero el gobierno perdió el referendo planteado para aplicar reformas a la Constitución y Revolución Ciudadana, el partido de Correa, fue el gran triunfador de las elecciones locales. Ese resultado dejó a Lasso en su momento más débil en sus casi dos años de mandato, y fue aprovechado por la oposición para lanzar el juicio político.