Ante la presencia de una asimetría profunda entre el poderío económico y militar de un Estados Unidos (EU) en plena campaña electoral echando mano a amenazas injerencistas contra México, Colombia, Bolivia y Brasil, la resistencia es a la diplomacia de fuerza de una potencia nuclear en pronunciado declive hegemónico.
La intensidad de tal declive así como la manera de frenarlo pueden tener consecuencias desastrosas para la región latinoamericana y el mundo por las atrocidades que genera Estados Unidos en su intento por infligir castigos e ilegales sanciones tanto en tiempos de guerra, los más, como en tiempos de una paz precaria.
No extraña que entre las reflexiones de mayor calado y preocupaciones sobre los efectos jurídicos y económicos del ilegal régimen de sanciones provengan precisamente del presidente Vladimir Putin y la Federación Rusa, ambos con los récords mundiales en la aplicación de dichas “sanciones”.
El caso de las sanciones ilegítimas y la ruptura de los tratados entre estados “perjudican al sistema jurídico internacional”, dijo Putin en el Foro Jurídico Internacional, de San Petersburgo (Sputnik, 5/05/23). También dijo que “hoy en día la publicación de esas sanciones ilegítimas, el desprecio del principio de igualdad de los estados, la injerencia en sus asuntos internos, la ruptura de un tratado de la esfera de la estabilidad estratégica destruyen su esencia misma”, y aludió también a graves efectos en el funcionamiento de la economía global: “Rusia aboga de manera permanente en el ámbito público por la creación de asociaciones mutuamente beneficiosas”, ya sea en el campo de la seguridad en la economía, la ciencia, así como en la cultura y el deporte”.
Estas convenciones del estado de derecho, el respecto a la soberanía de los países, representa una base sólida para “un orden mundial multipolar más justo y democrático en formación”.
La otra dimensión del fenómeno del unilateralismo agresivo (que no monopolaridad) proviene de las graves implicaciones que tiene la incautación del dinero de un empresario ruso, para entregarlos a Ucrania, calificado por el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov como “un robo” (y hay 300 mil millones de dólares más pertenecientes a Rusia en la mira).
Esas incautaciones reciben una atención especial en exhaustivo y preciso análisis del investigador cubano Hedelberto López Blanch ( Los robos financieros de Estados Unidos, Rebelión.org 13/05/23) donde se ilustran ad nauseam estos atracos que rompen con el orden jurídico requerido para el funcionamiento del sistema financiero y bancario en países que se autoproclaman defensores del libre mercado y de la sacrosanta inviolabilidad de la propiedad privada.
“La última acción de piratería económica estadunidense” (¿piratería de cuello blanco?) fue avalar “el decreto del juez del distrito de Delaware, Leonard Stark, para subastar y entregar la petrolera venezolana Citgo Petroleum, filial de PDVSA a un grupo de opositores derechistas encabezados por el ex diputado Juan Guaidó... alejado de cualquier ley internacional”… el colmo.
López Blanch cita al presidente Nicolás Maduro quien en una alocución pública, catalogó la acción como “robo descarado de una empresa estimada en más de 8 mil millones de dólares y alrededor de 10 mil bombas de gasolina en Estados Unidos, de una empresa que genera al año más de mil millones de dólares. El gobierno de Estados Unidos toma esta decisión repudiable contra el pueblo y la soberanía de Venezuela”.
Y es que a decir de Andrés Gaudín ( Otra cara del bloqueo. Tiempo Argentino, 14/08/22), hay que sumar a Citgo la Petroquímica Monómeros, empresa mixta colombo-venezolana intervenida por el gobierno de Duque y ahora en proceso de reincorporación al patrimonio nacional con el gobierno de Gustavo Petro, entre otros.
“La estrategia de Caracas apunta a la recuperación de sus activos usurpados –ante todo, 31 toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra, que la Corona y la Justicia del Reino Unido se rehúsan a devolver al Banco Central venezolano, su verdadero dueño–, y busca, además, poner de manifiesto la falta de seguridad jurídica que exhiben las más promocionadas democracias occidentales”.
Esta “cadena de robos”, como dice Gaudín, se amplió en enero de 2019, cuando Juan Guaidó se autoerigió jefe de Estado, en el marco de una campaña golpista contra Nicolás Maduro, sin voto ni la menor legitimidad fue apoyado por Trump, el verdadero elector y continuada por Biden.
Si se añade la amenaza contra activos rusos, el congelamiento de los fondos de Afganistán, por sólo citar lo más actual cabe considerar la advertencia de Hedelberto López que bien se aplica al mencionado banco inglés: “El hurto contra Citgo vuelve a evidenciar que ningún país puede estar tranquilo si deposita capitales en bancos de Estados Unidos o realiza inversiones en ese decadente pero aun peligroso imperio.”
