La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) avaló las reformas y adiciones a la ley minera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo pasado, ya “que protegen las áreas naturales, tierras, territorios y recursos naturales de pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas”.

Tras una reunión de Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, con representantes de diversos colectivos, organizaciones y asociaciones civiles, sobre las reformas, derogaciones y adiciones a las leyes Minera, de Aguas Nacionales, la General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y la General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y el agua, señaló que se suma a su lucha para defender las reformas y adiciones referidas.

Estas leyes “evidentemente chocan con intereses muy poderosos protegidos hasta ahora, en detrimento del medio ambiente, y prevén derechos y prerrogativas de los pueblos y comunidades indígenas o afrodescendientes, que establecen, por ende, deberes y obligaciones a cargo de las autoridades a fin de hacerlos posibles”.

Aseveró que no escatimará acciones para que se respete y cumpla con lo dispuesto en dichas leyes, a fin de proteger y garantizar los derechos del pueblo de México.

En el encuentro con Cambiémosla ya, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y ALDEA, entre otras, “se destacaron aspectos positivos de los ordenamientos en mención, para el respeto, protección y garantía de los derechos humanos, pero además se acordaron acciones conjuntas para defender los intereses colectivos, seriamente amenazados por la vigencia de la legislación anterior”.

La CNDH indicó que “corroboró que, en los cambios realizados a la Ley Minera, se incorporó como objeto de dicho ordenamiento, garantizar la protección del medio ambiente; se estableció la prohibición de otorgar concesiones en áreas naturales protegidas o donde se ponga en riesgo la población, así como en zonas sin disponibilidad de agua”.

Igualmente, “se prohíben las obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio minero dentro de las áreas naturales protegidas, en cauces o vasos de aguas nacionales y sus zonas federales, en los zócalos submarinos de islas, cayos y arrecifes, el lecho marino, el subsuelo de la zona económica exclusiva, en la zona federal marítimo terrestre y en los terrenos ganados al mar”.

Enfatizó que todos ellos son avances “que garantizan los derechos humanos, en particular los derechos económicos sociales, culturales y ambientales, reiteradamente violados en el período neoliberal, bajo el cual se emitieron el ordenamiento ahora superado”.

Además, destacó la CNDH, “gracias a las reformas se estableció que, previo al otorgamiento del título de concesión de lotes ubicados en territorios de pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas, se deberá llevar a cabo la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, para obtener el consentimiento de dichos pueblos y comunidades”.

Asimismo, que el costo de la consulta debe ser cubierto por la persona física o moral que solicite la concesión o asignación, y que la persona que obtenga el fallo a su favor deberá realizar un estudio de impacto social y obtener la autorización de la manifestación de impacto ambiental, así como llevar a cabo las medidas de prevención, mitigación y compensación.

Resaltó que todo ello, se cumplen las obligaciones previstas en los artículos 6° y 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como con jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “flagrantemente violadas en el contenido de la Ley anterior, a pesar de que databa de 1992”.