La directora del penal de máxima seguridad del Altiplano, Nora Angélica Balderrama, informó que el narcotraficante Héctor Luis El Güero Palma Salazar ya fue puesto a disposición del juzgado de primera instancia del distrito judicial de Hidalgo, con residencia en Iguala, Guerrero, por lo que un juez del fuero común resolverá su situación jurídica este jueves.

El juzgado sexto de distrito en materias de amparo y juicios federales en el estado de México apuntó que Palma Salazar se acogió a la ampliación del término constitucional de 72 horas, el cual vence mañana.

“Visto el oficio firmado por la directora general del Centro Federal de Readaptación Social número uno, Altiplano, estado de México, mediante el cual cumple el requerimiento inserto en acuerdo del 13 de mayo del año en curso, e informa que el quejoso se encuentra a disposición del juzgado de primera instancia penal del distrito judicial de Hidalgo, por su responsabilidad penal en la comisión del ilícito de homicidio calificado”, señala el resolutivo del juez de distrito.

Según las indagatorias, El Güero Palma presuntamente está relacionado con el asesinato del abogado Federico Alejandro Livas Vera, así como de amigos de Miguel Ángel Félix Gallardo, El Jefe de Jefes, ocurridos en 1992.

Por ello, la semana pasada se libró orden de captura contra Palma Salazar, para ser juzgado por el delito de homicidio calificado, lo que implica que, a pesar de estar absuelto de otros delitos federales, debe continuar en el Centro Federal de Readaptación Social número 1. La orden de aprehensión fue girada por Cecilia Crockman, secretaria en funciones de juez.

Esta semana el juez federal Enrique Vázquez Pérez concedió la suspensión provisional a favor del ex capo mexicano, la cual ordena al juzgado de primera instancia del distrito judicial de Hidalgo, con residencia en Iguala, Guerrero, resolver en un plazo de 72 horas, como establece el artículo 19 constitucional, su situación jurídica.

Vázquez Pérez concedió la medida cautelar tras el reclamo de Palma Salazar por la omisión de que no le informaron dentro del plazo de 48 horas y en audiencia pública de la nueva acusación, que derivó en una orden de arresto cumplimentada el pasado 10 de mayo por la Fiscalía General de la República.