Hay una especie de competencia entre miembros de la cúpula morenista para mejor servir a la consigna de buscar caminos que lleven a la disolución de la muy impugnable Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su conformación actual, y sustituir a los ministros en funciones mediante reformas constitucionales y legales que posibiliten la elección de esos sitiales mediante votación popular.

El objetivo jurídico es a mediano plazo, pues la correlación actual de fuerzas legislativas no permite la aprobación de reformas constitucionales profundas y ni siquiera superficiales. En dado caso, sería hasta la integración de una nueva legislatura federal, en septiembre de 2024, cuando, de tener mayoría calificada Morena y sus aliados, se pudieran aprobar tales reformas.

Pero el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, en cerrada pelea con su primo Alejandro Armenta por la candidatura guinda a la gubernatura de Puebla, ha anunciado un parlamento abierto, que llevaría luego a intentar una consulta popular (de alto costo si se realiza conforme a los parámetros usuales en esa materia), que mantendría vigente el tema de la elección directa de ministros para que a la hora de las urnas el año próximo estuviese presente en la intención de los votantes.

Ha sido lamentable que la sensata y muy necesaria figura de las candidaturas a cargos de elección popular desde posiciones no partidistas, o independientes, haya sido desacreditada hasta límites de la ridiculez por un conductor de programas de Internet, Pedro Ferriz Hijar, quien se autopostuló mediante una videograbación aventurera.

Entre otros planteamientos deshilachados, asegura que, para enviarlo de inmediato a la cárcel, detendría al saliente Andrés Manuel López Obrador “y sus compinches” en cuanto le fuera impuesta la banda presidencial (hipótesis que de entrada suena sumamente improbable, por no decir imposible en las circunstancias específicas del aspirante). Sin proceso previo, orden judicial ni justificación jurídica alguna, casi como en un videojuego o una alucinación, al autopromovido le parece fácil hacer ruido absurdo para “ganar presencia” grotesca, más mediática que realmente política o electoral.

Tal como lo escribió Luis Hernández Navarro en un puntual artículo de opinión ayer en La Jornada (https://bit.ly/42Fb75y), era innecesario el conflicto planteado a partir de la iniciativa presidencial de cambiar de adscripción a la Dirección General de Educación Indígena Intercultural Bilingüe (Dgiib), para pasarla de la Secretaría de Educación Pública (SEP) al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

La regresión que afectaría al magisterio indígena y a los pueblos originarios provocó protestas y movilizaciones como la que ayer confrontó a las puertas de Palacio Nacional a miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con policías capitalinos. No escaló el problema porque, luego de una reunión de cuatro horas en la Secretaría de Gobernación, se acordó retirar tal propuesta de la iniciativa presidencial y atender, en una mesa tripartita de trabajo el próximo 25, otros temas laborales. Bien por desactivar, como lo dijo Hernández Navarro, un “conflicto innecesario”, aunque vale preguntarse si será el único punto de desavenencia fuerte que habrá en esta relación oscilante entre AMLO y la CNTE.

Y, mientras la élite política peruana (la represiva e instrumental presidenta Dina Boluarte y la acechante ex candidata presidencial Keiko Fujimori, entre otros personajes) responden con dureza a las expresiones igualmente duras del presidente de México en relación, en primera instancia, con la incumplida transferencia de la presidencia temporal de la Alianza del Pacífico y, en el fondo, con el golpismo de esa élite contra el tropezante ex mandatario Pedro Castillo, ¡hasta mañana, luego de que el presidente López Obrador se reunió este martes con su Consejo Asesor Empresarial durante casi tres horas!

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