El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que el gobierno de México promoverá recursos legales contra la ley antimigrantes promulgada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis. El texto, que entrará en vigor el 1º de julio, contempla penas de cinco años de prisión a quien transporte a personas en situación migratoria irregular; obliga a las empresas con más de 25 empleados a comprobar el estatus migratorio en una base de datos oficial (E-Verify); exige a los hospitales que acepten un seguro público solicitar información del mismo tipo al registrar pacientes; invalida documentos de identidad expedidos a personas indocumentadas en otras entidades, entre otras medidas. El canciller señaló que esta norma responde a una mentalidad esclavista y de supremacismo blanco que ya ha provocado trágicos episodios de violencia.
La legislación aprobada por DeSantis y aprobada con entusiasmo por sus correligionarios en el Congreso local es inconstitucional, pues invade las facultades del gobierno federal, único que puede establecer políticas en materia migratoria. Además, resulta inhumana y violatoria de los derechos humanos al obstaculizar de forma deliberada el acceso al trabajo e incluso a la atención sanitaria, lo que puede derivar en muertes evitables. En el contexto estadunidense, constituye también una suerte de señal de salida para que las agrupación de xenófobos armados se lancen a una verdadera cacería humana con un gran potencial de terminar en agresiones letales.
DeSantis da la espalda a la realidad de Florida por su afán de presentarse como el más radical antimigrante frente al electorado conservador local y nacional, al que se dirige con la expectativa de obtener la nominación presidencial republicana. Según estimaciones del Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés), 660 mil extranjeros vivían en 2018 en el estado en situación irregular, y una ONG calculó que el uso obligatorio de E-Verify podría costar 12 mil 600 millones de dólares anuales a la economía del estado. Además, es evidente que se produciría una aguda escasez de mano de obra en los sectores que concentran el trabajo migrante, como las industrias restaurantera, de turismo, la construcción y la agricultura.
En esta cruzada de odio, el gobernador reproduce las banderas abrazadas por los republicanos a nivel federal y por algunos de sus colegas a escala estatal. En particular, parece sostener una demencial competencia con el gobernador de Texas, Greg Abbott, por adoptar las políticas más crueles contra los migrantes. El texano ha desplegado un aparato bélico que incluye tanquetas y helicópteros de combate para vender la idea de que su entidad encara una invasión, y ya anunció que impulsará leyes para hacer de la migración indocumentada un delito grave. En su proyecto, quien ayude a un migrante sin papeles a “esconderse” será condenado a un mínimo de 10 años de prisión.
Ante este escenario de brutales agresiones desde el poder contra los migrantes en diversos estados del país vecino, debe saludarse como un paso positivo la voluntad del gobierno de México para presentar recursos jurídicos contra la nueva ley de Florida. Cabe esperar que dicha estrategia se extienda a otras manifestaciones de la barbarie xenófoba en Estados Unidos. La batalla será difícil porque, como el mexicano, el Poder Judicial estadunidense está capturado por el sector más reaccionario de la clase gobernante, pero no puede cederse ante abusos de poder demagógicos y propagandísticos impuestos con el pretexto de combatir el tráfico de personas y drogas.
