Quito. El presidente Guillermo Lasso se defendió ayer de las acusaciones de malversación que le hacen asambleístas opositores, en la primera jornada de la fase final de un inédito juicio político que podría terminar en su destitución o empujar al mandatario derechista a disolver la legislatura.

Lasso subrayó que no existen pruebas para culparlo de presunta corrupción en la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) relacionada con la ampliación de un contrato con Amazonas Tanker que habría causado un perjuicio al Estado por más de 6 millones de dólares.

Ante el pleno de la Asamblea Nacional, acusó a los legisladores de oposición de “abandonar” su papel de legisladores. “Ustedes no crean leyes, sino que las destruyen; ustedes no afianzan normas, sino que las debilitan, las desgarran y las ultrajan; ustedes no piensan en cómo crear reglas de convivencia, sino en cómo romperlas”, denunció.

El proceso fue aprobado por la Corte Constitucional en marzo y desde entonces ha seguido un largo camino al interior del Legislativo que dio paso a la fase final, donde los asambleístas Viviana Veloz, del partido Unión por la Esperanza, afín al ex presidente Rafael Correa (2007-2017), y Esteban Torres, del partido Social Cristiano, actuaron como interpelantes.

Sentenciado a ocho años de cárcel, bajo el esquema de lawfare, y asilado en Bélgica, Correa se pronunció sobre el juicio en Twitter: “Un presidente inepto, codicioso, innoble y deshonesto... eres un verdadero fraude democrático y moral”.

Veloz exhibió videos y documentos que calificó de “pruebas irrefutables” de las presuntas irregularidades en el contrato con Amazonas Tanker en las tarifas de flete, y sostuvo que eso prueba la responsabilidad política de Lasso quien, afirmó, aun a sabiendas de la corrupción consintió, organizó y “fue parte del entramado que operaba en las empresas públicas y en Flopec”.

Torres aseveró que el proceso político en la Asamblea Nacional (Congreso) no busca una reparación económica, sino sancionar a un servidor público que no ha cumplido debidamente su función y que no goza de confianza.

Acompañado de su gabinete, Lasso llegó al mediodía al recinto parlamentario, donde aseveró que durante su gobierno la Flopec no firmó ningún contrato ni se modificó ningún decreto o ley, aunque advirtió que “si algún funcionario violentó las normas que debía cumplir o si usó su cargo para favorecerse a sí mismo o a terceros, sólo espero que la justicia lo sentencie con la pena más dura”.

Destacó que esa empresa perdía 6 millones de dólares al año y que en lo que va de su administración ha declarado ganancias por 180 millones de dólares.

En la réplica, Torres insistió en que en el banquillo de los acusados en la Asamblea está la corrupción en las empresas públicas; “no está sentada ahí la democracia, ni la Constitución ni la estabilidad política, no se trate aquí de confundir con falacias... no existe golpe, existe juicio político”.

El presidente ya no se presentó a la sesión de la tarde para refutar esos argumentos ante el pleno del Legislativo, que abrió el debate en el cual cada uno de los 137 asambleístas podrá exponer en 10 minutos su criterio y luego se llamará a una votación final, que se espera se realice hasta cinco días después de finalizada la discusión.

La suerte está echada

La suerte del juicio político estaría echada, aseguró a la agencia de noticias Ap Simón Pachano, politólogo y catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. “Los votos están decididos”, dijo, en alusión a que la oposición no contaría con el respaldo de 92 legisladores que se requiere para censurar al mandatario.

Durante varias horas, cientos de personas se concentraron de manera pacífica en los alrededores del Parlamento que estaba acordonado por policías.

Los seguidores del gobernante ondearon banderas de Ecuador, lanzaron gritos contra los asambleístas y portaron carteles con letreros de: “¡Viva la democracia!”

Un pequeño grupo de opositores también protestó con pancartas en que se leía: “el pueblo no aguanta más, fuera Lasso”.

El proceso despierta los fantasmas de la inestabilidad política que vivió Ecuador entre 1997 y 2005, cuando tres gobernantes que surgieron de las urnas fueron derrocados.

Lasso, ex banquero de derecha de 67 años, asumió el poder en mayo de 2021 y es el primer presidente en ser sometido a un juicio político en Ecuador. En 2022 superó un primer intento de la Asamblea Nacional por censurarlo por conmoción interna tras una movilización indígena que paralizó al país por varias semanas.