Washington y Nueva York. La crisis política sobre migración en la frontera de Estados Unidos con México podría provocar un giro en la política estadunidense hacia Cuba, incluyendo suspender algunas de las sanciones más extremas impuestas por el ex presidente Donald Trump, pero varios funcionarios estadunidenses activos y retirados advirtieron que persiste el mismo cálculo político doméstico que hasta la fecha ha llevado a que el presidente Joe Biden no se atreva a restaurar ni siquiera la modesta apertura impulsada por el entonces presidente Barack Obama.

“Estados Unidos no tiene una política sobre Cuba, tiene una política sobre Florida”, comentó un asesor del Congreso a La Jornada, repitiendo lo dicho por varios funcionarios que hablan con la Casa Blanca sobre el tema y lo que ha sido secreto abierto durante décadas. Pero este mes una diputada federal demócrata centrista, Veronica Escobar, quien representa a El Paso, Texas, junto con varios colegas de estados fronterizos, presionó al gobierno de Biden a levantar las sanciones de Trump sobre Cuba y Venezuela para atender las presiones económicas que llevan a la expulsión masiva de esos pueblos.

“En Cuba, la reversa metida por Trump de descongelación de las relaciones diplomáticas del presidente Obama al apretar el embargo estadunidense, nuevas sanciones sobre viajes y remesas y la designación sin bases de Cuba como un patrocinador estatal de terrorismo han contribuido al declive económico de ese país, incluyendo una contracción económica de 10.9 por ciento en 2020, el declive más grande desde el colapso de la Unión Soviética”, escribió la diputada Escobar en una carta al presidente Biden firmada por 20 legisladores demócratas más.

“Le instamos actuar rápidamente a levantar las sanciones económicas fracasadas e indiscriminadas que fueron impuestas por la administración anterior, y llevar a cabo una evaluación más amplia de las políticas de sanciones pre-existentes que su administración heredó, las cuales exacerban las dificultades de civiles inocentes y sirven como factores de expulsión adicionales para la migración”, concluye.

Ante esta crisis, el bloqueo se encuentra una vez más en el debate en Washington. El ex funcionario de la Casa Blanca, Ben Rhodes, quien ayudó a desarrollar la apertura diplomática de Obama con Cuba en 2015, comentó en entrevista con MSNBC la semana pasada que “nuestras propias políticas están contribuyendo a esto… Podríamos tener una conversación honesta aquí de que el embargo que tenemos sobre Cuba, y las sanciones que tenemos contra Cuba y Venezuela, están contribuyendo de manera significativa a la crisis humanitaria que está expulsando gente hacia la frontera (de Estados Unidos)”.

Otros sectores también piden un cambio

Pero no son sólo los de la frontera quienes están argumentando por un cambio. La coalición de granjeros, empresarios, religiosos y académicos que promovieron y apoyaron la apertura de Obama hacia Cuba aún existe y sigue parcialmente activa. A principios de marzo, la senadora federal demócrata y ex candidata presidencial Amy Klobuchar, de Minnesota, una vez más presentó a la cámara alta su proyecto de ley para levantar el embargo a Cuba, esta vez junto con dos senadores republicanos de Kansas, Jerry Moran y Roger Marshall, como copatrocinadores.

Ayer, el concilio de la capital de Estados Unidos, Washington DC, aprobó una resolución condenando el bloqueo contra Cuba, algo que también ha sucedido en los últimos años en casi 30 ciudades –incluidas Boston, Chicago y Helena (Montana)– condados y hasta juntas escolares a lo largo del país. Más aún, legislaturas estatales de Alabama, Michigan, Illinois y Minnesota tambien han aprobado resoluciones a favor del fin del bloqueo.

En un artículo publicado en el Boston Globe a principios de mayo, el diputado federal demócrata Jim McGovern y el recién jubilado senador liberal veterano Patrick Leahy argumentaron que el embargo está debilitando el liderazgo estadunidense en América Latina, “tal como se demostró por la controversia sobre la participación en la Cumbre de las Américas del año pasado”. Subrayan que “nuestros adversarios también tendrán una apertura aún más grande en las Américas mientras el gobierno cubano ve cada vez más hacia Rusia y China para asistencia”.

Los dos legisladores dejan claro que no apoyan al gobierno cubano, condenando “las políticas represoras y no democráticas” de ese país, pero enfatizan que “una evaluación honesta requiere un reconocimiento de las maneras en que las sanciones de Estados Unidos están agravando el sufrimiento de familias cubanas”.

El dúo señala que el presidente, por orden ejecutiva, podría revertir la designación que hizo Trump de Cuba como patrocinador de terrorismo, y con ello suspender algunas de las sanciones justificadas bajo esa medida. “Es un secreto abierto en Washington que Cuba no pertenece a esa lista”, y que la decisión de Trump fue “políticamente motivada”. Los autores, ambos políticos veteranos, abogan por otras medidas, incluyendo suspender sanciones en la Ley Helms-Burton como lo habían hecho todos los presidentes de ambos partidos antes de Trump, permitir más viajes de estadunidenses a la isla para “apoyar el sector privado” y ampliar el comercio agrario.

Preguntados por qué Biden no ha restaurado las políticas de Obama cuando él era su vicepresidente, diversos expertos reiteran, por un lado, que los asesores más poderosos de la Casa Blanca miden toda decisión por el impacto electoral, y en este caso está en juego el tercer estado más importante en el mapa electoral nacional: Florida. Ese es el estado donde residen los dos aspirantes presidenciales republicanos más prominentes, Trump y el gobernador Ron DeSantis. Pero no hay ninguna evidencia de que Biden y los demócratas puedan ganar en Florida en las elecciones nacionales de 2024.

Por otro lado, siempre señalan que el senador demócrata Bob Menendez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, y sus colegas republicanos cubanoestadunidenses, siguen siendo un obstáculo ante cualquier cambio en la política hacia la isla.

Pero la crisis migratoria podría cambiar todo esto. En el año fiscal que concluyó en septiembre de 2022, unos 220 mil cubanos intentaron ingresar sin autorización a Estados Unidos, y algunos calculan que esa cifra es más cercana a 300 mil. “Esos números podrían impulsar un cambio de política”, afirmó a La Jornada un asesor legislativo con amplia experiencia en estos temas.