Guadalajara, Jal., Vecinos de las calles Mariano Azuela y José R. Benítez, frente al parque San Rafael, al oriente de Guadalajara, que se oponen a la instalación de dos colectores de aguas pluviales dentro de esa área verde, permanecen rodeados con vallas metálicas y docenas de policías estatales y municipales fuera de sus casas desde la mañana del lunes, denunció el colectivo Unidos por Jardines de la Paz.

Ayer, junto con diputados y regidores de los partidos Morena, Futuro y Hagamos, los activistas señalaron en rueda de prensa que las autoridades desacataron varias suspensiones otorgadas por jueces federales respecto a concluir un vaso regulador de aguas pluviales en esa zona.

La más reciente se otorgó en abril pasado en el juicio de amparo 801/2023, informó la abogada Raquel Gutiérrez Nájera.

Expusieron que el gobernador Enrique Alfaro y el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus –ambos del partido Movimiento Ciudadano–, en lugar dialogar con los inconformes usaron la fuerza pública para imponer su proyecto.

Esta vez cercaron sus hogares y al menos durante una hora los policías les impidieron salir o ingresar a sus casas, mientras eran colocadas las vallas y la malla ciclónica.

Afirmaron que han sido amenazados con llevarse sus vehículos con grúas si no los quitaban de las calles junto al parque y se quejaron de que el uso de maquinaria y el trajín de empleados en la zona se dio hasta altas horas de la noche, sin respetar el tiempo de sueño de los afectados.

Durante el día algunos vecinos y activistas se acercaron al enmallado –colocado para dividir la calle e impedir la concentración de inconformes– y comenzaron a zarandear el cerco sin lograr derribarlo. También trataron de impedir el paso de maquinaria.

Alfaro Ramírez, cuestionado sobre la numerosa presencia policial, respondió que con ello se garantiza el término de la tarea “porque es para evitar inundaciones” y cuenta con el consenso de la mayoría de los vecinos; “quienes están haciendo ruido son un grupo de personas que no viven ahí y no van a obstaculizar una obra en beneficio de la ciudad.

“San Rafael es muy importante. Un grupo de vividores políticos quiere manipular a las personas desde hace mucho tiempo”, justificó.

Carlos Enrique Torres, director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, dependencia encargada del proyecto, dijo que la intención es regular y mitigar los problemas de inundación de la zona y rechazó que sea un depósito sanitario o para beneficio de desarrollos inmobiliarios.

Al respecto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, organismo criticado por el colectivo y asociaciones civiles por su inacción en el tema, informó que “mantiene presencia en la colonia Jardines de la Paz en Guadalajara desde el primer momento en que se presentaron inconformidades de las y los vecinos de la zona por la presencia policial”.

Dijo que emitió medidas cautelares dirigidas a los titulares de las policías estatal, vial, metropolitana y municipal para que sea garantizada la libertad de tránsito de las personas, y que sea brindado “un trato digno y respetuoso a las personas defensoras de derechos humanos que se presenten en la zona y se eviten actos de censura o posible represión”.