Santiago. Lejos de encausar una salida, las aseguradoras de salud en Chile incrementaron su enfrentamiento con el gobierno al cuestionar abiertamente el cumplimiento de la sentencia judicial que las obliga a devolver mil 400 millones de dólares en sobreprecios a los usuarios.

Las aseguradoras, conocidas como Institutos de Salud Previsional (Isapres), amenazan con que de aprobarse un proyecto de ley para regular la devolución de los cobros ilícitos, y que también busca una rebaja de los precios de los planes, en septiembre, irán a la quiebra y dejarán de operar.

Conocidas por el potente lobby que logran ejercer, las Isapres consiguieron anteayer que cinco senadores opositores –entre ellos ambos presidentes de los dos mayores partidos no oficiales–, impulsen una reforma constitucional que las exoneraría de realizar la mayor parte de los reintegros. Es conocido que algunos legisladores han recibido financiamiento electoral de parte de socios de las aseguradoras.

El presidente Gabriel Boric entró a terciar en el tema cuando, en una comparecencia en la Cámara Chilena de la Construcción –que es propietaria de una Isapre–, afirmó que están pretendiendo incumplir la sentencia judicial.

“A uno podrá gustarle o no el fallo de la Corte Suprema, uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero lo que no me cabe ninguna duda es que todos debemos estar de acuerdo en que los fallos de un poder independiente se deben cumplir. Y lo que como gobierno debemos garantizar es que existan las facilidades para cumplir ese fallo y no para evadirlo”, explicó.

Boric se declaró contrario a la reforma constitucional ingresada por los senadores derechistas “porque en la práctica lo que realiza es evadir el cumplimiento del fallo”.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, subrayó que “esta reforma anula toda adecuación a la baja de los precios de los planes, que la Corte ordenó expresamente por la aplicación de la tabla de factores de riesgo de la Superintendencia (de Salud); y como consecuencia, anula también toda devolución.

“Es difícil apoyar la iniciativa por respeto al orden institucional y a lo resuelto por la Corte Suprema”, agregó. La “tabla de factores de riesgo” fue un cálculo realizado discrecionalmente por las Isapres durante décadas para fijar y modificar unilateralmente el precio de los seguros, discriminando por enfermedades preexistentes, edad, sexo y cargas familiares, castigando a las mujeres en edad fértil.

Un dictamen de 2019 del Tribunal Constitucional ordenó a la Superintendencia, el órgano regulador, aclarar la una única tabla de factores cuya aplicación era obligatoria para las Isapres; pero estas incumplieron y la sentencia de la Suprema afecta 750 mil planes que van de mayo de 2020 hasta noviembre de 2022.

Con una fuerte puesta en escena mediática, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, afirmó que si el proyecto gubernamental se aprueba tal como esta, “en septiembre está cerrado el sistema”, agregando que “si no puede seguir operando, la verdad es que las devoluciones pasan a un segundo plano.

“La caída de ingresos es tan importante, que no da espacio para que la amplia mayoría de las instituciones puedan seguir funcionando”, advirtió.

Según el dirigente, con el dictamen de la Suprema y la regulación que busca el gobierno, reduciendo los precios, “se está cambiando el sistema y si éste no puede tener la condición de autofinanciarse, evidentemente no puede seguir operando”.

Las Isapres tienen 3 millones de afiliados, 20 por ciento de la población chilena, pero también en las clínicas que les pertenecen se atienden unos 5 millones de personas que deriva el sistema público de salud.