A dos semanas de la fecha límite para que las elecciones de 2024 se rijan con la disposición que prohíbe a agresores de mujeres y deudores alimentarios ser legisladores y funcionarios públicos, sólo nueve congresos estatales han validado la reforma, alertaron diputadas de Morena, PRI, PT y PRD.

En conferencia de prensa, las integrantes del Grupo de Igualdad Sustantiva de la Cámara de Diputados pidieron a las legislaturas “resolver lo antes posible” y confirmar los cambios a los artículos 38 y 102 de la Constitución, que el Congreso de la Unión aprobó hace 15 días.

Para que la reforma tenga aplicación en el proceso electoral de 2024, las legislaturas locales que conforman el Constituyente Permanente deben ratificarla a más tardar la primera semana de junio, a fin de que la Comisión Permanente realice la declaratoria oportunamente y el Ejecutivo la publique en el Diario Oficial de la Federación.

La vicecoordinadora de Morena Aleida Alavez Ruiz explicó que la disposición “no es coercitiva, sino preventiva”, y a pregunta expresa resaltó que, si senadores y diputados en funciones tienen una sentencia firme por agresión o por no pagar pensión alimenticia, no podrán relegirse.

Los partidos deberán hacerse cargo de no postular a violentadores, resaltó.

Blanca Alcalá, vicecoordinadora del PRI, también expuso: “No estamos persiguiendo a compañeros, pero sí es nuestro interés que se reivindique que quien aspire a un cargo de elección popular o de designación, tenga la idoneidad y elegibilidad”.

La perredista Gabriela Sodi expuso: “No es irnos contra los compañeros. Es sentar base firmes con el propósito de disuadir la existencia de un caso y erradicar la violencia”.

Hasta ahora, los congresos de la Ciudad de México, Veracruz, Sinaloa, Baja California, Quintana Roo, Tamaulipas, estado de México, Tabasco y Colima ya aprobaron la reforma, y para que sea firme se requiere el voto de al menos 17 legislaturas. Las parlamentarias resaltaron la relevancia del asunto.

“Se trata de una norma que busca reivindicar el ejercicio de lo público y de la ética política, un tema que preocupa a las mujeres, pero también debe preocupar a la sociedad en su conjunto”, agregó Alcalá.

Ana Karina Rojo (PT) expuso que hay funcionarios que incluso contraen nuevas nupcias sin pagar “la pensión alimenticia de sus niños, a quienes violentan y transgreden su derechos con esta falta que cometen”.