La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México agotará todas las líneas de investigación para dar con los responsables de la muerte de la abogada y activista de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, “sea cual sea el resultado”.

En la inauguración de la calle que llevará su nombre, donde se ubican las instalaciones de la fiscalía, su titular, Ernestina Godoy Ramos, señaló que se lleva a cabo una indagatoria exhaustiva, con perspectiva de género y respeto irrestricto a los derechos humanos.

Dentro de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos “nos tocó reabrir la investigación, en la que participan abogados, fiscales, peritos, antropólogos sociales y sociólogos, quienes realizan un análisis del contexto de aquel momento”, indicó.

“No se trata sólo del cumplimiento de una sentencia, donde el Estado mexicano ha reconocido su responsabilidad internacional al haberle negado el acceso a la justicia, sino que busca reivindicar la memoria y la trayectoria de una defensora que siempre estuvo al lado de las mejores causas”, afirmó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.

El funcionario señaló que se acompañará a las autoridades capitalinas para que se vaya a fondo en la investigación, haya justicia y no queden impunes “estos hechos bochornosos”.

El cambio de nombre de la calle donde se ubicaba la Procuraduría General de Justicia (PGJ), a la que se señala como omisa y que no garantizó el acceso a la justicia de Digna Ochoa, es un acto de reivindicación y memoria colectiva para que esos hechos no se vuelvan a repetir.

Se trata de un acto de convicción de las autoridades locales y federales para que esos hechos no queden impunes y “reivindiquemos la gran tarea de defender los derechos humanos de todas las personas”, indicó Encinas, al señalar que se cumplirá con la sentencia de la CIDH.

Jesús Ochoa y Plácido, hermano de la abogada, quien fue hallada muerta hace 21 años en su despacho de la colonia Roma y se intentó manejar como un “suicidio simulado” por la entonces PGJ, exigió justicia.

“Estamos conscientes de lo que hemos pasado y nos asiste la razón; no somos abogados, nos somos peritos, pero tampoco somos tontos. Las evidencias están en la posición final de la muerte de mi hermana y se debe continuar con la investigación, porque aún hay muchas preguntas sin respuestas claras”, puntualizó.

La representante de la familia Ochoa y Plácido, Karla Michel Salas, llamó a las autoridades a acelerar los procesos para cumplir con la sentencia, pues de las 15 medidas de reparación dictadas por la CIDH, sólo se ha cumplido una.