A poco más de cuatro meses de que la Junta de Gobierno haga pública la convocatoria para el nombramiento de quien encabezará a la UNAM durante el periodo 2023-27, el escenario institucional presenta significativas zonas de incertidumbre sobre las cuales es importante plantear algunas reflexiones.
A estas alturas resulta innegable señalar que la UNAM enfrenta un ambiente de tensiones ante el gobierno nacional. Las diferencias discursivas que surgieron desde el Ejecutivo en los meses pasados, han cedido su lugar a la irrupción de reclamos políticos y partidistas –lo mismo del propio Ejecutivo que del Legislativo– que, amparados en un súbito interés por la institución y un insistente reclamo de “derechización”, se ciernen sobre el proceso que se avecina. Aunado a lo anterior y en preocupante armonía con el ambiente oficial de reproche, se vive una intensa campaña en redes sociales y medios digitales presumiendo manejos indebidos de las finanzas universitarias. De tal suerte y muy lejos de promover las hipotéticas demandas e indagatorias legales para esclarecer los supuestos abusos, se ha generado un insistente acoso mediático a la institución.
Dentro de la Universidad Nacional se vive un contexto de tensiones que lo mismo abarcan problemas de larga data que otros emergentes de diversa índole. Además de temas estructurales como el respeto a los derechos de las mujeres o los flagelos de la violencia, la inseguridad y el reclamo por la democratización de las decisiones, aparecen nuevas reivindicaciones que incluyen desde el transporte, la vivienda y la alimentación del estudiantado, hasta la habilitación de baños neutros, entre otras demandas; en suma, un amplio catálogo de peticiones que implican tratamientos y respuestas de orden diverso. En tal sentido, durante los meses recientes, el tono de los reclamos estudiantiles ha ido creciendo y bajo un escenario de movilizaciones y paros repentinos, algunos grupos han radicalizado sus protestas vandalizando las instalaciones e incluso sustrayendo equipo y bienes diversos. Así, si bien las expresiones estudiantiles se inscriben en la línea estética y vanguardista de movimientos sociales de otras latitudes, lo cierto es que la validez de sus propuestas y demandas se ve claramente disminuida por el uso de medios claramente violentos y agresivos.
Mientras todo esto ocurre, los plazos de la convocatoria se acercan y aparecen propuestas para modificar las reglas del proceso sucesorio. ¿Cabe pensar en ello? Por supuesto que sí: en la universidad siempre es posible el pensamiento y el debate. Sin embargo, resulta un claro despropósito plantear cambios de última hora los cuales, lejos de contribuir a una designación acertada, representan una amenaza de descarrilamiento a un mecanismo que, no obstante sus límites, ha constituido parte de la gobernabilidad institucional.
Antes que ahondar el conflicto, hoy resulta indispensable frenar la escalada de descalificaciones hacia la Universidad Nacional y reconstruir el contexto de estabilidad institucional. Tal tarea corresponde a todos los actores: en primer lugar al gobierno y los grupos políticos beligerantes los cuales han de respetar de manera escrupulosa la autonomía y devolver la consideración a la institución universitaria; a los medios –y los actores de las redes sociales– evitando el desafortunado papel de golpeadores y asumiendo su responsabilidad para brindar información fidedigna, y a los estudiantes, académicos, trabajadores y directivos universitarios cumpliendo plenamente con su encargo social y blindando a la propia institución de los embates ajenos a su razón de ser. Y, si hubiera algo que denunciar, es una obligación de todos acudir a las instancias legales correspondientes.
¿Y la Junta de Gobierno? Hoy dicho órgano tiene la oportunidad de mirar hacia adelante y de abrir un proceso inequívocamente legal que, al mismo tiempo, propicie un avance en términos de legitimidad y consenso. Además de asumir su papel de autoridad institucional, la Junta de Gobierno tiene la oportunidad de dar altura a su encargo y de ejercer en forma plena la representación superior de su comunidad. La junta tiene la ocasión de cumplir con su responsabilidad abriendo mecanismos efectivos de consulta hacia las y los universitarios, así como de escuchar con mesura y respeto a quienes decidan presentarse para exponer sus proyectos. Se trata de tender puentes efectivos de comunicación, así como de reconocer la condición proactiva de una comunidad comprometida con el saber y la razón académica.
La Universidad Nacional vive un momento crucial en el que es indispensable refrendar su fortaleza institucional y la consistencia de su comunidad. Y es muy claro que, desde ambos planos, no es posible plantear salidas fáciles o ingenuas: es preciso construir respuestas consistentes y asertivas para el presente y, sobre todo, de cara a las demandas de la sociedad que viene. Ese es el tamaño del encargo que hoy tenemos los universitarios.
*Investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM
