El fin de la vigencia del Título 42, el pasado 11 de mayo, así como el inicio fáctico de las campañas políticas presidenciales en Estados Unidos, han acrecentado el desafío migratorio. Ya no hay expulsiones fast track con el pretexto de la emergencia sanitaria por el coronavirus, pero las deportaciones sumarias continúan y el caos en la frontera sólo se ha exacerbado.

El fenómeno migratorio actual, en lo relativo al ingreso al territorio de nuestro principal socio comercial, tiene una dimensión sin precedente. En números redondos, según cifras de las propias oficinas de inmigración, en 2022 la patrulla fronteriza arrestó a más de 2 millones de personas, el número más alto en la historia.

Desafortunadamente esta situación no mejorará. La expectativa de una frontera abierta, o cuando menos más flexible en los requisitos para solicitar asilo en cualquiera de sus modalidades, no se cumplió. Al contrario, cerca de 30 mil agentes migratorios y de seguridad se han sumado a quienes ya estaban destacados en la zona para hacer más difícil y azaroso el cruce de la frontera.

El fin de la normatividad sanitaria contingente sólo fue ocasión para que se alentara y creciera el anhelo de un ingreso legal a un país que requiere de fuerza de trabajo en varios sectores de su economía, pero que no ha podido construir la vía para regular los flujos migratorios y legalizar la residencia de quienes han hecho los méritos necesarios, aun con la iniciativa favorable de la administración demócrata en funciones.

Lejos de una solución de fondo, el inicio de las campañas políticas ha distorsionado, desnaturalizado y magnificado el desafío migratorio, sobre todo desde el ángulo ideológico de la derecha, comenzando por quien aspira a retornar al poder presidencial.

A este precandidato se han sumado dos gobernadores de la misma tendencia política, Greg Abbott, de Texas, y Ron DeSantis, de Florida, quienes buscan posicionarse como aspirantes a la candidatura presidencial por el Partido Republicano, usando el odio xenofóbico a los migrantes como principal insumo histriónico de campaña.

El gobernador de Texas ha anunciado el envío de miles de agentes de seguridad para reforzar a los efectivos federales, que ya de por sí resguardan la frontera, y también ha advertido que en su estado continuarán las expulsiones sumarias, como si el Título 42 continuara vigente.

La embestida no es reciente. En un golpe mediático y lesivo de los derechos humanos, a fines del año pasado envió al norte autobuses repletos de migrantes procedentes de la frontera suroeste de Texas para abandonarlos cerca de la casa de la vicepresidenta Kamala Harris en Washington, a temperaturas bajo cero.

En el mismo tono antinmigrante, el gobernador de Florida ha impulsado una nueva legislación que restringirá el empleo y negará el acceso a los servicios sociales a la población migrante, como se trató de hacer en California a finales del siglo XX.

La nueva ley exigirá a las empresas con más de 25 empleados que utilicen E-Verify, un sistema federal para comprobar el estatus migratorio de las personas a las que quieran contratar.

Además, obligará a los hospitales que aceptan el seguro público Medicaid a solicitar información sobre el estatus migratorio de los pacientes, lo que podría incentivar a los migrantes indocumentados a no ejercer ese derecho social a la salud para no ser deportados.

Adicionalmente, las autoridades estatales dejarán de reconocer las licencias de conducir emitidas fuera de Florida a migrantes irregulares y prohibirán el financiamiento de programas locales para otorgar documentos de identidad a extranjeros sin documentación legal.

Las medidas coercitivas y draconianas sólo tendrán un efecto político favorable, en algunos sectores de opinión y decisión, para quienes enarbolan esa banderas xenofóbicas y racistas.

Nada que ver con las soluciones de fondo que hemos expuesto en este espacio de reflexión. Hay una reforma migratoria pendiente, que anunciaba la legalización de la estancia de 10 millones de migrantes que ya viven y trabajan en Estados Unidos, la inmensa mayoría de ellos mexicanos.

Es una enorme asignatura pendiente, cuya solución tendría beneficios en ambos lados de la ecuación, en un esquema ganar-ganar, tanto migrantes beneficiarios como país receptor. Hoy en día, en Estados Unidos hay escasez de trabajadores: hasta 11 millones de empleos quedaron sin ocuparse en 2022.

El fin de la vigencia del Título 42, un legado de la pasada administración conservadora, no abrió las fronteras ni mejoró la situación de los migrantes, pues seguirá habiendo expulsiones fast track, en apenas cinco días sin juicio previo, como ya patentizaron varios órganos del gobierno en funciones.

Por eso urge una reforma migratoria que regularice la estancia de quienes ya viven, trabajan, consumen y pagan impuestos, verdaderos pilares de la primera economía mundial. También urge implementar apoyos estructurales para generar condiciones de desarrollo, empleo y bienestar en los países expulsores, especialmente en Centroamérica y el Caribe, a fin de no obligar a millones de personas a emigrar en busca de mejores condiciones de vida.

* Presidente de la Fundación Colosio