Profesores-investigadores de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) demandaron a Rosa María Torres Hernández, rectora de esa casa de estudios, que ofrezca información “clara, fidedigna y documentada” sobre la discusión en el Congreso de una nueva figura jurídica para la universidad, que desde su creación en 1978 por decreto presidencial opera como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública.

En una carta abierta dirigida a la funcionaria federal, decenas de profesores-investigadores denunciaron que, en días recientes, Torres Hernández ha tenido reuniones virtuales con pequeños grupos de académicos, a quienes asegura que el Congreso Nacional Universitario (CNU), cuya primera etapa se realizó en 2021, se pronunció por una descentralización federal o una descentralización por autonomía, la cual se aplicaría con una nueva ley orgánica.

Sin embargo, los acuerdos de la primera etapa del CNU, entregados a la Comisión de Educación del Senado de la República en cumplimiento con el artículo 21 transitorio de la nueva Ley General de Educación Superior, que establece que dichos acuerdos serán analizados para un posible cambio de figura jurídica para la institución, indican que la figura preponderante, en la mayoría de las unidades académicas de la UPN, es la autonomía por ley; es decir, aquella que reconoce la autonomía académica, de gestión y financiera.

Rumores y dudas

En la misiva, destacan que la rectora de la UPN se reunió, por vía remota, con un reducido grupo de académicos, a quienes informó que comisiones del Poder Legislativo habían recibido la iniciativa de cambio de figura jurídica de la UPN, y que “en cuanto se decida cuál será la figura, habrá que elaborar la ley orgánica y las leyes que la acompañan”.

Con 76 unidades y más de 200 subsedes en todo el país, los investigadores de esa casa de estudios pidieron que cesen los “rumores, tergiversaciones y falsedades en donde crece de todo, desde el oportunismo más ramplón, hasta fundadas dudas, incertidumbres y desazón sobre el destino de la UPN, de la fuente de trabajo y la continuidad de los programas académicos y administrativos”.

Por ello, exigieron una amplia difusión de la información sobre un posible cambio de la figura jurídica de la UPN, y que se presente la documentación completa entregada al Congreso. Además, resaltaron que el CNU llegó a “acuerdos institucionales sobre la figura jurídico-administrativa de la UPN, durante su primera fase”, y enfatizan que aún queda pendiente la segunda etapa, “detenida arbitrariamente” por las autoridades de esa casa de estudios.

Los profesores-investigadores también hicieron un llamado a todos los académicos a no permitir que los avances en la transformación de su estatuto jurídico, “construidos colectivamente hasta ahora, pese a las diferencias, se hagan a un lado por negociaciones en lo oscurito que responden a intereses ajenos a la comunidad”.