Morelia, Mich., La Fiscalía General de la República (FGR) no descarta que, entre los restos de 36 personas encontrados en 19 fosas clandestinas en el municipio de Tecomán, Colima, se encuentren los del líder comunal de Aquila, Antonio Díaz Valencia, y el abogado defensor de derechos humanos Ricardo Lagunes, desaparecidos desde el pasado 15 de enero, a unos 12 kilómetros de donde se ubicaron las excavaciones, informó Keivan Díaz, hijo del primero de ellos.

En entrevista, señaló que el próximo jueves él y los familiares de Lagunes se reunirán en la Ciudad de México con autoridades de dicha institución federal para que les den a conocer los avances de la investigación, como lo han venido haciendo periódicamente.

Refirió que desde el 27 de abril personal de la FGR ha localizado, a orillas de la carretera Cerro de Ortega-Los Callejones, 19 fosas, a unos 15 minutos en vehículo de donde se halló la camioneta en la que viajaban los activistas. “Están en el proceso de identificación y de análisis de pruebas genéticas”, apuntó Keivan.

El 24 de abril se vinculó a proceso penal a José N y Fernando N por los delitos de desaparición cometida por particulares contra los defensores de derechos de humanos. A unos de los presuntos responsables se le encontró el teléfono celular del profesor Antonio Díaz.

Según lo señalado por el Ministerio Público de la Federación (MPF) de la Fiscalía Especial de Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, se presentaron los datos de prueba necesarios para que se les vinculara a proceso; se espera que para el 18 de mayo se proporcione más información a los familiares de los dos desaparecidos.

“Lo que queda claro es que los agresores eran parte del grupo minoritario de los 465 comuneros de Aquila que reciben regalías por la extracción de más de 15 mil toneladas diarias de mineral de hierro, por parte de la empresa Ternium Las Encinas. Y todo parece indicar que esa facción está ligada a la empresa minera”, acusó Keivan Díaz.

Antonio Díaz y Ricardo Lagunes, defensor de derechos indígenas, fueron vistos por última vez el 15 de enero, después de haber participado en una asamblea general celebrada en el auditorio comunal de Aquila.

En esa reunión se decidiría la elección del presidente de bienes comunales, luego de dos años de que las autoridades agrarias se negaban a reconocer a la autoridad comunitaria debido a las impugnaciones de un grupo disidente.

Al concluir el encuentro, los activistas salieron de Aquila con dirección a Tecomán, Colima, presumiblemente para llegar a territorio colimense, para de ahí dirigirse a Guadalajara, Jalisco y luego a Morelia, Michoacán.

Esa misma noche, la camioneta en la que viajaban Antonio Díaz y Ricardo Lagunes fue encontrada a un costado de la carretera Coahuayana-Tecomán, a la altura de Cerro de Ortega, a unos 12 kilómetros del puente que comunica Coahuayana (que limita con Colima) con Cerro de Ortega. El vehículo tenía algunos impactos de bala.

Tres semanas antes de su desaparición, el profesor Díaz comentó a La Jornada que los directivos de la empresa se comprometieron a construir una clínica y dos puentes peatonales, uno de ellos en la colonia Buenos Aires. Asimismo, a dar mantenimiento a brechas vecinales y a llevar a cabo reforestación periódica por los daños ambientales ocasionados en las inmediaciones del yacimiento y en el río Aquila, “pero buscan cualquier pretexto para no cumplir”.

Desde finales de la década de 1980 el gobierno federal concesionó 73 hectáreas comunales, ubicadas a 500 metros de la cabecera municipal, para la extracción de hierro. Primero fue la firma Hojalata y Laminados SA (Hylsa) y después Ternium Las Encinas.

A partir de 1988 daban a cada comunero mil 200 pesos anuales por regalías, y ante las protestas subieron a mil 600 pesos. Sin embargo, en 2011, encabezados por Agustín Villanueva Ramírez, iniciaron un movimiento con bloqueos, toma de carreteras para exigir un pago justo; fueron reprimidos por las fuerzas federales, que “golpearon a nuestra gente”. El 19 de marzo de 2012 se acordó dar regalías a cada comunero superiores a 15 mil pesos mensuales.

“La relación con la empresa Ternium ha sido de aparente cordialidad, pero en el fondo ni ellos están contentos con nosotros ni nosotros con ellos; ellos buscan extenderse más y los comuneros están inconformes porque a veces pagan una cantidad por regalías y a veces otra, porque dicen que el precio del acero ha bajado internacionalmente”, expuso Díaz en esa ocasión.

En 2018, los pobladores de Aquila, tras un convenio con la empresa, les otorgaron permiso de ocupar 203 hectáreas más para que depositaran desperdicios, pero ahora resulta, según el documento que tienen directivos de Ternium, que los terrenos son también para explotación, por plazo indefinido.

Antonio Díaz aseguró esa vez que desde hace más de 11 años el grupo de comuneros disidentes, que no llega a más de 40, ha estado muy relacionado con los directivos de la compañía minera con el fin de obtener el liderazgo y emprender nuevas negociaciones con Ternium, aunque son minoría.