Es tradición que los gobernadores y las autoridades federales “resuelvan” los conflictos mineros a punta de macana y bala (en el “mejor” de los casos, el “olvido”), y sobran ejemplos, como en los sexenios de Salinas de Gortari y Calderón cuando decidieron que la solución no era el diálogo ni la conciliación, sino el Ejército y la Policía Federal, siempre para beneficiar a los barones del sector.

Sonora es un ejemplo, porque las supuestas “habilidades políticas” del gobernador en turno para resolver entuertos nunca trascienden el discurso, pues en los hechos la ruta inmediata y directa es la represión. De los mandatarios priístas y panistas nunca se esperó mayor cosa, dada su descarada entrega al poder económico, pero con el arribo de un “morenista” a Palacio de Gobierno se supuso que las cosas tomarían otro rumbo.

Muchos se fueron con esa finta por no recordar la nutrida historia de saltimbanqui político y el pasado priísta (siempre de perrito faldero de Luis Donaldo Colosio) y panista (renunció a su militancia tricolor para subirse a la campaña presidencial de Vicente Fox y este, ya en funciones, lo designó como su secretario particular y después coordinador de Comunicación Social del “cambio”; de ahí, como buen chapulín, se subió al carro de López Obrador) del “nuevo mandatario sonorense, Alfonso Durazo, quien simplemente se ha puesto al servicio de los barones, con Germán Larrea (Grupo México) y los Baillères (Peñoles-Fresnillo PLC) a la cabeza.

Cómo olvidar la huelga que casi 16 años atrás estalló en Mexicana de Cananea (en 2007, Germán Larrea le cambió de nombre a raíz de ese movimiento obrero y hoy se denomina Buenavista del Cobre; en 2010, Calderón la “arregló” a golpe de bala y macana), misma que se mantiene sin solución y en el “limbo” junto con otras dos en Taxco y Sombrerete (ambas explotadas por el mismo barón). En su campaña electoral, Durazo prometió “resolver” este “pendiente”, pero es la fecha que no ha movido un pelo, siempre en defensa del empresario.

Pero no sólo Larrea. Ahora Durazo defiende los intereses de la familia Baillères, concesionaria de La Herradura (“una de las minas de oro a cielo abierto más grandes de México, que produce 55.3 por ciento del oro total del grupo, generando 29.9 por ciento de los ingresos ajustados totales”, según la propia información de la empresa), en Caborca. Sonora, por medio de su subsidiaria Penmont (ganancia neta superior a 300 millones de dólares en 2022), la cual se niega a cumplir con el reparto de utilidades y a respetar el acuerdo de los trabajadores de cambiar de sindicato, porque el que los “representa” (a la cabeza de Carlos La Marrana Pavón) está íntegramente al servicio del patrón.

Desde el pasado 27 de abril los trabajadores de La Herradura denunciaron “la negativa de la empresa Penmont de pagar 10 por ciento de utilidades que por ley corresponde a alrededor de 2 mil obreros. Pese a que la compañía ha incrementado sus niveles de producción de oro, la subsidiaria de Peñoles asegura ‘no haber obtenido ganancias’ sin mostrar la carátula fiscal 2022, señaló Juan Linares, integrante del sindicato nacional de mineros. Esto ya generó inconformidad entre los trabajadores, porque la agrupación de Carlos La Marrana Pavón, creada por Alberto Baillères, apoya a la empresa. Los mineros realizaron una asamblea para recabar firmas y abandonar el gremio patronal, a fin de integrarse al sindicato encabezado por el senador Napoleón Gómez Urrutia” ( La Jornada, Jared Laureles).

¿Cuál fue la “respuesta” del “progresista” Alfonso Durazo? 10 días después ordenó a las fuerzas sonorenses de seguridad que desalojaran por la fuerza a los trabajadores, ordenes de aprehensión en contra de varios de ellos, despido a quien protesta, no reconoce su derecho a la libertad de asociación sindical y finge demencia sobre el reparto de utilidades que por ley debe hacer la empresa. ¿Y la Secretaría del Trabajo? Lo mismo.

Ante tal situación, el dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia subraya que “es indignante que el mandatario estatal se haya puesto del lado de la empresa Penmont desde un principio. Durazo pasa por encima de la política laboral de respeto a la libertad sindical y a los derechos de los obreros”. Por ello, se recurrirá al mecanismo laboral de respuesta rápida del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá, “debido a la represión emprendida por Peñoles y el gobierno de Sonora contra los mil 800 mineros de La Herradura”.

Las rebanadas del pastel

Colofón: “parece que el enemigo lo tenemos en casa”.

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