Madrid. En la mayoría de los países europeos la vivienda se ha convertido en uno de los problemas más serios y difíciles de resolver. Dos instantáneas reflejan con nitidez la situación: centenares de estudiantes italianos decidieron acampar frente al rectorado de la Universidad de La Sapienza, en Roma, como gesto de protesta ante la situación que padecen decenas de miles de estudiantes en todo el país, que no tienen garantizado un techo o que para ello tienen que pagar precios “abusivos”; y, la segunda, es la radiografía de ciudades como París, Barcelona o Berlín, donde los pisos turísticos han desplazado a los tradicionales habitantes, provocando una gentrificación que muchos expertos ven imparable si no se aplican medidas urgentes.

Fernando Valls es un profesor universitario de origen valenciano, tiene 43 años, está casado y tanto su esposa como él tienen un trabajo garantizado. “Llevábamos viviendo en nuestra casa cinco años, desde que regresamos de Estados Unidos donde estudiamos un doctorado, pero de un día para otro el fondo que gestionaba todas las viviendas del edificio nos notificó a los vecinos que teníamos que dejar la casa. Después supimos que las iba a reformar para reconvertirlas en pisos turísticos”, relató a La Jornada.

Esta familia, con dos hijos, tuvo que dejar su vivienda en un plazo de tres meses, y fue entonces cuando se enfrentó a la falta de oferta para la vivienda en alquiler en España. “A pesar de que los dos tenemos ingresos, el hecho de trasladarnos a vivir a Madrid cuando ya había explotado la burbuja inmobiliaria nos obligó a irnos a vivir de alquiler. Y así estamos y estaremos, al menos en los próximos años, porque para comprar una vivienda necesitamos juntar primero alrededor de 50 mil euros para que nos den un crédito”, explicó a La Jornada.

Ese continente tiene un grave problema de vivienda, que en resumen se debe a la disparidad entre la oferta real y la demanda, pero además ocurre un fenómeno que también se da en otras muchas facetas de la realidad social y económica: hay una Europa de dos y hasta tres velocidades. Los países más ricos del norte tienen un alto porcentaje de vivienda social, que en algunos casos, como el de Austria, puede llegar a 30 por ciento; mientras en los países del sur, como España, Grecia, Italia y Portugal, ese porcentaje ni siquiera llega a 3 por ciento. Además están los países del antiguo bloque comunista, como Rumanía, Bulgaria y Polonia, donde todavía no existen ni siquiera datos fiables sobre la problemática.

Un informe reciente del Parlamento Europeo reconoció que el problema de la vivienda es común en todo el continente, pero en cada país se ha tomado una solución distinta para mitigar el equilibrio entre oferta y demanda o para aportar soluciones de habitabilidad mínimas a la población. Pero el diagnóstico, en prácticamente todas las naciones, es que el mercado del alquiler está “tensionado” y debido a esto se han registrado subidas importantes de precios de las rentas.

La manera de afrontarlo es diferente. De hecho ese mismo informe reconoció al menos cuatro modelos identificables: los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido se caracterizan por una intensa intervención estatal. Estos países cuentan con los sectores de viviendas sociales de alquiler más extensos de la Unión Europea y sus Gobiernos dedican más del tres por ciento del producto interior bruto a la política de vivienda. El segundo bloque está formado por países como Austria, Dinamarca, Francia y Alemania, donde se ha producido un desplazamiento menor del mercado y se han mantenido unos sectores de viviendas privadas de alquiler amplios. El gasto del Estado en política de vivienda generalmente es del orden de 2 por ciento del PIB.

Después están países como Irlanda, Italia, Bélgica, Finlandia y Luxemburgo, que forman un grupo dispar, pero todos disponen de sectores amplios de viviendas en propiedad y de sectores de viviendas sociales de alquiler relativamente pequeños. El gasto del Estado en política de vivienda se limita por lo general a uno por ciento del PIB aproximadamente. Y, finalmente, están los países con peores políticos sociales en esta materia, que son Portugal, España y Grecia, que tienen sectores particularmente grandes de viviendas ocupadas por sus propietarios, unos sectores mínimos de viviendas sociales de alquiler y unos sectores privados de alquiler de baja calidad y en declive.

Algunos gobiernos que quieren afrontar el problema suelen aludir al modelo que se aplicó en Austria desde hace más de un siglo y que ha permitido tener más de 30 por ciento de vivienda social en alquiler en todo el país y que en el caso de la capital, Viena, esa cifra se eleva hasta 60 por ciento, precisamente porque es la ciudad más “tensionada” del país. También se mira con interés el modelo sueco, que fija su precio de referencia de la vivienda en alquiler de la negociación colectiva entre inquilinos, empresas municipales de vivienda y propietarios privados.

En algunos países, como España, la situación es especialmente grave, debido a la mezcla de la explosión de los pisos turísticos en las ciudades más importantes, pero sobre todo al histórico rezago en la construcción de vivienda pública destinada al alquiler social. De hecho, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, expresó esta misma semana su preocupación ante “una crisis de la vivienda larga y estructural de graves proporciones en España”, por lo que instó a las autoridades a atender “de forma integral los problemas estructurales a largo plazo de la vivienda.