Durango, Dgo., Setenta y nueve campesinos del ejido Las Mangas, en el municipio de San Dimas, denunciaron que siguen a la espera de que se cumpla una resolución presidencial emitida hace 38 años, que les otorga más de 400 hectáreas forestales en esa zona, enclavada en la sierra Madre Occidental.

Explicaron que en 18 ocasiones han intentado ejecutar la resolución, pero quienes controlan las tierras los amenazan con echarlos a balazos si se acercan a la zona.

El 2 de julio de 1985, el entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) concedió una tercera ampliación del ejido Las Mangas en beneficio de 79 ejidatarios del lugar, a quienes se les entregarían 407 hectáreas forestales, de donde al año se extraen cerca de un millón de pies cúbicos de madera.

Pero desde que se emitió la resolución presidencial, en 1985, el comisariado ejidal de Las Mangas se ha negado a ceder las 407 hectáreas y a acatar dicha resolución.

Dieciocho intentos de hacer cumplir la ley

Incluso, en 18 ocasiones se ha intentado ejecutar ese mandato; sin embargo, la respuesta de los posesionarios de las tierras ha sido negativa y no permiten el paso a las autoridades federales, pues los interceptan en el camino y los amenazan con “echarles bala” si insisten en llegar a la comunidad.

Los beneficiarios están amenazados si ponen un pie en el ejido Las Mangas. “Nos sacan a balazos”, y varios ya no viven ahí. Otros mejor se fueron a otras comunidades.

Ramiro Alvarado Vázquez, Alfonso Alvarado Vázquez y Álvaro Alvarado Soto detallaron que responsables de la Secretaría de la Reforma Agraria, y ahora la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) han intentado hacer valer el fallo, y esas mismas veces los han echado del ejido y amenazado para que no regresen.

“No entendemos cómo es posible que los ejidatarios estén por encima de la ley y sean más poderosas sus amenazas que una resolución presidencial”, refirió uno de los afectados.

El problema se debe a que esas 407 hectáreas “son muy productivas forestalmente y dejan una anualidad de 12 millones de pesos por la venta de madera. A cada uno de los 79 campesinos les daría ganancias de poco más de 150 mil pesos”, reconoció”.

“Por eso el ejido de Las Mangas no quiere ceder la tercera ampliación, porque es 100 por ciento forestal y rica en madera, y nos han amenazado con echarnos bala si nosotros pisamos aquella tierra”, insistieron.

El 25 de junio de 2018 hicieron el último intento para hacer valer el fallo con la presencia de la autoridad federal, que al igual en ocasiones anteriores, “no llegaron porque los amenazaron a medio camino”, acusó Ramiro Alvarado.

Ese año, la Sedatu ofreció a los ejidatarios afectados, ante la imposibilidad de entregarles la posesión de las tierras, integrarlos al Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer).

Éste atiende los conflictos sociales agrarios y cuando no se logra una solución entre las partes en conflicto, entonces se usan recursos federales para indemnizar a uno de los inconformes.

Sin embargo, para integrarse al programa se requiere que no exista un conflicto legal entre los peticionarios, por lo que la Sedatu pidió a los ejidatarios retirar la demanda judicial, misma que, según dijeron, ya quitaron, por lo que pidieron a los gobiernos federal y estatal decretar la inejecutabilidad de la sentencia de 1985 y dar celeridad a la indemnización de los 79 ejidatarios perjudicados.