Chilpancingo, Gro. El Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia “Minerva Bello”, denunció que decenas de pobladores fueron desplazados de la comunidad Nuevo Poblado El Caracol, del municipio de Heliodoro Castillo; apenas “el pasado 2 de mayo, aproximadamente a las 6:00 pm, se percataron que había drones sobrevolando su comunidad. Para el día el 3 de mayo nuevamente advirtieron la presencia de los drones, pero en esta ocasión fueron lanzadas seis bombas de los drones sobre su comunidad, lo que motivó que la población saliera de manera inmediata buscando proteger la vida de mujeres y la niñez de las agresiones. El 8 de mayo del año en curso, a pesar de ya encontrarse desplazados, la comunidad fue atacada nuevamente con los drones, los cuales lanzaron 11 bombas en contra de la población masculina que se mantuvo en la comunidad”.

Mediante un comunicado de prensa difundido esta tarde, la ONG señaló que “desde el día 3 de mayo de 2023 casi la mitad de la población se encuentra desplazada de manera forzada. El párroco y la comunidad de Tlacotepec ha dado atención humanitaria a la niñez y mujeres desplazada de Nuevo Poblado “El Caracol”, resultando insuficientes los apoyos que brinda la iglesia. Más de la mitad de las personas desplazadas presentan problemas de salud, como diarrea, tos, gripa, fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza y crisis nerviosa, entre otros, por lo que los habitantes desplazados hacen un llamado a las autoridades para que se restablezca la seguridad en su comunidad y poder retornar”.

La ONG exhortó “a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a brindar atención humanitaria urgente a los habitantes, quiénes se encuentran en condición de desplazamiento forzado interno producto de la violencia provocada por grupos ilegales armados que están violentando gravemente la comunidad”.

Mencionan que, en el año de 1987, el poblado “fue reubicado por la puesta en marcha de una central hidroeléctrica operada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Comunidad que ha sufrido abandono de las autoridades. Durante la pandemia por covid se suspendieron las clases en las escuelas, y recientemente el Centro de salud carece de personal para brindar atención a la población ya que el personal se niega a acudir a brindar el servicio por temor a ser víctimas de la violencia que se vive en la zona”.

Hace aproximadamente siete meses “un grupo de hombres armados presumiblemente integrantes del grupo delincuencial “La Familia Michoacana” amenazó su comunidad diciendo que “no querían ver a nadie de las comunidades de las orillas del río o se atienen a las consecuencias”, impidiendo salir a la población al municipio de Apaxtla de Castrejón a hacer sus compras. A las personas que han hecho caso omiso a esta amenaza les han golpeado y quitado sus pertenencias, sembrando con ello un ambiente de pánico en la comunidad”.

El Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia “Minerva Bello” hace “un llamado urgente a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones que aseguren los derechos de la población, incluyendo medidas que garanticen su salud, educación, alimentación, vivienda y empleo en condiciones dignas, concluye el comunicado.