Santiago de Chile. Un fallo de la Corte Suprema de justicia de Chile, pronunciado el 30 de noviembre de 2022 en contra de las aseguradoras privadas de salud –conocidas como Institutos de Salud Previsional (Isapres)– y que las condena a devolver mil 400 millones de dólares a sus clientes por sobreprecios unilaterales aplicados durante años, derivó en un enfrentamiento con el gobierno que apoya el cumplimiento de la sentencia.

Las Isapres, que atienden a unos 3 millones de personas, es decir, un 20 por ciento de la población chilena frente a los 15 millones que consultan el sistema público, pertenecen mayoritariamente a inversionistas estadunidenses y británicos, pero su origen, en 1981, se concentró en grupos económicos locales que lucraron con la privatización de la salud durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El fallo afecta a las 10 Isapres existentes y las obliga a restituir cobros ilegales hechos entre mayo de 2020 y noviembre de 2022, luego de que en 2019 el Tribunal Constitucional mandató a la Superintendencia de Salud definir una única “tabla de factores de riesgo”.

La “tabla de factores de riesgo” es un cálculo creado y aplicado a su antojo por las Isapres para fijar el precio de los planes, discriminando por enfermedades preexistentes, edad, sexo y cargas familiares, castigando a las mujeres en edad fértil.

Sin embargo, ese mandato del Tribunal Constitucional fue burlado por las Isapres, que continuaron discriminando con los cobros en exceso.

La sentencia de la Suprema otorgó un periodo máximo de seis meses, que vence el 30 de mayo, para que se cumpla el reintegro de mil 400 millones de dólares.

Desde 1990 hasta 2021, las Isapres, que nacieron al calor de la Constitución de 1980, basadas en el subsidio de recursos públicos a la salud privada con fines de lucro, tuvieron utilidades después de impuestos por mil 700 millones de dólares. En ese periodo, la trasferencia de los usuarios al sistema fue de 11 mil 363 millones de dólares, recursos que no se destinaron a pagar prestaciones de salud ni licencias médicas, sino a financiar la operación del sistema: gastos de administración y ventas, publicidad, gastos financieros, costas judiciales, pago de remuneraciones y utilidades.

Ahora, las aseguradoras privadas pusieron el grito en el cielo, desafiando el cumplimiento del fallo y amenazando con ir a la quiebra, lo cual implicaría que 3 millones de afiliados pasarían a la salud pública, terminando de colapsarla.

En el estatal Fondo Nacional de Salud (Fonasa) se calcula que hay 2 millones de personas que esperan por una cita con un especialista y alrededor de 700 mil cirugías de urgencia pendientes.

No habra salvataje

Para enfrentar la crisis, el gobierno envió al Parlamento un proyecto que propone cuatro cosas: a) las aseguradoras dispondrán de seis meses para definir un plan de pago, detallando la cantidad de contratos con devolución y el monto por cliente; b) la fecha límite para cancelar la deuda; c) los dueños, controladores o accionistas no podrán retirar utilidades mientras no se pague la totalidad de la deuda; d) una disminución del precio de los planes de 50 dólares mensuales.

Las aseguradoras reaccionaron afirmando que “el proyecto es un engaño” y que “promete rebajas de precio y devoluciones falaces, que jamás llegarían a concretarse.

“No tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal”, acusaron.

La ministra secretaria general de la Presidencia, Camila Vallejo, respondió diciendo que aquello“es una desfachatez, no pueden pretender que el gobierno las acompañe en la idea de incumplir el fallo de la Corte Suprema” y que si el Ejecutivo pretendiera “una quiebra generalizada de las Isapres, hubiéramos mandatado el cumplimiento inmediato del fallo y su aplicación inmediata”.

La tarde del viernes, el gobierno pidió a la Corte Suprema un plazo adicional de seis meses para el cumplimiento de la sentencia.

La ministra, que es la portavoz oficial, agregó que “no hay espacio a salvatajes con los impuestos de las personas” porque un perdonazo implicaría que “no se devuelvan los cobros abusivos e inapropiados”.

Los controladores de las Isapres, que no han apelado el fallo judicial, han advertido que recurrirán a tribunales extranjeros, amparados en los tratados de libre comercio suscritos por Chile para impugnar el pago.