El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) advirtió al Congreso capitalino que el dictamen que crea la Ley de Interculturalidad y para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas en Situación de Movilidad Humana y deroga la norma vigente, contiene una disposición que podría detonar la persecución y criminalización contra las personas por su estatus migratorio.

Al dictamen enviado al Legislativo por la presidenta del Copred, Geraldina González de la Vega, destaca que el artículo 9 establece obligaciones migratorias de orden federal e incluso copia el texto del artículo 16 de la Ley de Migración; ambas establecen obligaciones que deben cumplir los migrantes.

Tal disposición, explicó González de la Vega, no tiene relevancia para efectos de la política pública de la ciudad en la materia y se contrapone a la Constitución capitalina, la cual establece que las personas migrantes sujetas de protección internacional, o en otro contexto de movilidad humana, no serán criminalizadas por su condición, por lo que “se sugiere eliminar dicho artículo, pues podría detonar una persecución y criminalización”.

El proyecto de dictamen, elaborado a partir de diversas iniciativas, se aprobó en la Comisión de Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México que preside el panista Raúl Torres, pero no incluyó la propuesta de Morena sobre la constancia que expide el gobierno capitalino por medio de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social para hacer constar que la persona huésped o migrante en retorno es residente reconocida en la entidad y funciona como un documento de identidad que protege y garantiza el acceso a servicios y programas sociales que se ofrecen, y que el Copred consideró debe ser retomado.

Agregó que en diversos artículos la protección de derechos se indica únicamente para los migrantes y se da prioridad a personas originarias de la ciudad residentes en el extranjero, repatriadas o en retorno, por lo que es necesario ampliarlos a todos los que están en movilidad.