Madrid. Las agencias migratorias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidieron ayer al unísono a Estados Unidos que su nueva ley sobre migración, conocida como Título 8, sirva de plataforma para impulsar una reforma de las políticas de tránsito de millones de personas por América Latina y el Caribe desde los propios países afectados.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) recordaron que los países de América Latina que iban a servir de escala a los indocumentados en su esfuerzo por llegar a Estados Unidos se han convertido, en realidad, en centros de acogida que representan un enorme peligro para sus habitantes temporales por la inseguridad reinante.

Además, tanto Acnur como la OIM destacaron en un comunicado conjunto que la nueva norma, que restringe el acceso a los solicitantes de asilo que llegan de manera irregular, tras transitar por otro país, es incompatible con los principios del derecho internacional de los refugiados.

Sin la vigencia del Título 42, que concluyó anteayer, el gobierno estadunidense regresará al Título 8 que aplicaba antes de la pandemia. Con esta disposición se faculta a las autoridades migratorias de ese país a procesar de manera expedita y expulsar de forma acelerada a personas que lleguen a la frontera sin documentos.

Las agencias de la ONU señalaron que esta política migratoria en Estados Unidos no resuelve la crisis exacerbada por la antigua administración del ex presidente Donald Trump: si bien la expansión de los programas de reasentamiento son un “paso bienvenido”.

Indicaron que facilitar y ampliar el acceso a los programas de reasentamiento, reunificación familiar, patrocinio humanitario y movilidad laboral “puede salvar vidas y proteger a las personas de la trata, el tráfico y otras formas de violencia. Si se gestionan adecuadamente, también pueden apoyar a las economías nacionales que se enfrentan a escasez de mano de obra”.

La Acnur y la OIM afirmaron que los desafíos que plantea este desplazamiento “no pueden ser resueltos sólo por un país” y hace falta “un esfuerzo conjunto” a través del respaldo a las comunidades que acogen a los migrantes, del acceso a procedimientos de asilo “justos y eficaces” y, sobre todo, por conducto de la declaración de pasos seguros, lejos de la violencia que asedia a las caravanas durante su tránsito.

En ningún caso, recuerdan ambas agencias, el retorno forzado es una opción, y más a países donde las vidas y la seguridad de los migrantes puedan correr peligro, en especial las de los menores, como añadió la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell.

“Aplaudimos los esfuerzos recientes para mejorar el acceso de los niños, niñas y familias en tránsito a vías migratorias seguras, y pedimos encarecidamente a todos los gobiernos, incluido el de Estados Unidos, que garanticen el acceso a los procesos de asilo sin importar la nacionalidad de los solicitantes”, declaró Russell.

“Ayudar hoy a los niños más vulnerables contribuirá a lograr un futuro más brillante para toda la región”, destacó.