Madrid. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró ayer su rechazo a la privatización de la eléctrica Eletrobras, al asegurar que se trata de “un asunto de lesa patria”, una si-tuación que “no se puede aceptar sin denunciar”.

El mandatario ha sido muy crítico del escaso poder del gobierno en el Consejo de Administración, pues a pesar de contar con más de 40 por ciento del capital total de la eléctrica, su capacidad de decisión está limitada a 10 por ciento.

Los accionistas de Eletrobras tienen un voto limitado a 10 por ciento, independientemente del tamaño de su participación accionaria, bajo el argumento de prevenir la formación de bloques y garantizar que se mantenga la sociedad anónima.

El jueves, Lula calificó esta circunstancia de “canallada” y adelantó que “peleará mucho” hasta que el Estado recupere “el derecho a tener protagonismo político” en la empresa privatizada el año pasado, du-rante la gestión de Jair Bolsonaro.

El gobierno de Lula, por medio de la Abogacía General del Estado, interpuso una acción ante el Tribunal Supremo para ampliar su poder de decisión en el Consejo de Administración.

Asimismo, repartió 140 millones de dólares entre partidos afines y aliados coyunturales en un intento de lubricar la relación y garantizar el apoyo parlamentario que necesita para sacar adelante sus proyectos, informó el diario O Globo.

La emisión de recursos benefició, según el ranking presentado por el periódico, al Partido Social Democrático con 29 millones de dólares, seguido por el Partido del Trabajo, con 27.6; Movimiento Democrático Brasileño, 18.5, y União Brasil, 15.2.

Por otra parte, la defensa del ex secretario de Seguridad de Brasilia, Anderson Torres, quien salió en libertad hace unas horas, negó que vaya a firmar acuerdo de culpabilidad alguno, en el marco de la investigación en la que ha sido acusado por supuesta connivencia y omisión de funciones durante los ataques del 8 de enero.

Torres, en cuyo domicilio se encontró un supuesto borrador de decreto presidencial con el que se pretendían alterar las elecciones de 2022, estuvo en prisión desde el 14 de abril hasta el jueves, cuando, de manera inesperada, el juez del Supremo Alexandre de Moraes decretó su puesta en libertad.

En tanto, el Tribunal de Justicia del Distrito Federal y Territorios de Brasil dictó sentencia contra dos bolsonaristas acusados de colocar el 24 de diciembre pasado un artefacto explosivo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek, ubicado en Brasilia.

Telesur informó que el juez Osvaldo Tovani condenó a George Washington de Oliveira a nueve años y cuatro meses de prisión, y a Alan Diego dos Santos a cinco años y cuatro meses.