Bogotá. Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar de las ya desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), volvió a denunciar ayer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que “ni un solo oficial superior” del ejército puede negar haber participado con él en operaciones de apoyo.

En un último intento para ser acogido por la justicia especial de la JEP, Mancuso dio más detalles so-bre una supuesta sintonía entre escuadrones paramilitares y élitespolíticas y empresariales de Colom-bia durante el conflicto armado.

Mancuso habló de irregularidades, supuestamente conocidas por el gobierno de Ernesto Samper, en las que participaron jefes paramilitares al darse la desmovilización de la guerrilla del Ejército Popu-lar de Liberación.

Aseguró que la relación entre mandos militares y paramilitares sirvió también para poner freno al avance de las guerrillas e incluso para ocultar el número de víctimas que sus operaciones dejaban a su paso, reconociendo la existencia de los llamados “hornos”, en los cuales eran arrojados los cuerpos para desaparecerlos.

Asimismo, Mancuso reveló que como consecuencia de estas actividades conjuntas de las AUC y el ejército, algunos cadáveres fueron arrojados al río “para que se los llevara” y hay más de 200 enterrados en fosas comunes en territorio venezolano, cerca de la frontera con Colombia. Explicó que la decisión de llevar los restos al país vecino se tomó ante lo cerca que estuvo la fiscalía en 2001 de encontrar una fosa con 50 personas.

“Carlos Castaño (el fallecido máximo líder de las AUC) me dio la orden de coordinar esa desaparición de víctimas a partir de una reunión con altos mandos militares por la preocupación y por presiones del gobierno de entonces, esto es año 2000-2001, por el número de muertos”, relató.

Mancuso se encuentra desde hace dos años en un centro de retención de inmigrantes de Atlan-ta, Estados Unidos, a la espera de su extradición a Colombia, en donde hace unos meses se le concedieron cuatro años de libertad condicional, si bien tiene cuitas pendientes con la justicia por su pasado al frente de las AUC, razón por la que se encuentra declarando ante la JEP en una última posibilidad de acogerse como tercer colaborador a la justicia es-pecial de este tribunal, surgido tras los acuerdos de paz de 2016 con la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En tanto, la fiscalía puso en marcha una investigación por intento de golpe de Estado contra el ex director de la asociación de oficiales retirados (Acore), el coronel Jhon Marulanda, por unas declaraciones en las que habló de “defenestrar” al gobierno.

“Se dispuso abrir una noticia criminal (...) en orden a determinar la posible configuración de conductas constitutivas de delito”, señaló el comunicado de la fiscalía, que cita las expresiones en las que abordó “la posibilidad de atentar contra las instituciones democráticamente establecidas en Colombia”.

La relación entre el presidente Gustavo Petro y Acore no es la mejor, como demuestra la manifestación del grupo esta semana en Bogotá. En medio de estas protestas, Marulanda aseguró que los militares colombianos en la reserva tendrían que hacer lo que en Perú, donde “lograron defenestrar a un presidente corrupto”.

En otro tema, fueron liberados 26 militares y dos policías retenidos durante ocho horas en la localidad de Santa Cruz de El Patía, en el departamento de Cauca durante una operación contra el narcotráfico en la zona.