María Silvia Emanuelli, coordinadora de la oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), afirmó que cada año la Ciudad de México expulsa a 20 mil personas por dificultades económicas para acceder a una vivienda, y advirtió que sin una adecuada regulación de los servicios de hospedaje por aplicaciones, como Airbnb, la situación puede empeorar.
Coincidió con Lucino Rangel, del Movimiento Urbano Popular (MUP), en que otro grave problema para evitar la gentrificación en la capital es la ausencia de una ley inquilinaria, más allá de lo que establece el Código Civil para regular controversias de arrendamiento y cuando en muchas ocasiones ha habido intentos desde la izquierda de legislar, no se ha logrado.
El problema, aclaró Emanuelli, no son las personas que vienen a vivir por breves periodos y pueden extenderse hasta un año o más con el goce de una visa, que es muy fácil de obtener; no es por los nómadas digitales que se mueven y tienen derecho, sino al fenómeno de la financiación de la vivienda al utilizar muchas veces plataformas como la de Airbnb, que tiene efectos como el aumento del precio de los alquileres y el desalojo de personas.
En un foro organizado por la HIC-AL y el MUP con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, recordó que hace unos meses se firmó un memorándum de entendimiento con esa empresa para facilitar la llegada de nómadas digitales; si bien pudiera parecer poco, 21 mil viviendas ofrecidas por la plataforma, comparado con Argentina donde suman 30 mil en las principales ciudades del país, aquí son 21 mil nada más en la capital.
Por su parte, Ricardo Martínez Campos, ex director de la oficina del alcalde de Nueva York para la protección inquilinaria, al exponer la situación de la vivienda en esa ciudad, refirió que nada de lo que se ha hecho ha venido por parte de sus gobiernos, “todo ha derivado de los movimientos surgidos para la protección inquilinaria que han impulsado las leyes en esa materia. Se requiere un cuerpo civil organizado importante”.
