El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la frontera sur será reforzada con más elementos de la Guardia Nacional para atender el flujo migratorio sin precedente en la región. Precisó que los efectivos llevan instrucciones de no utilizar la fuerza y que el despliegue se acompaña de acciones cuya finalidad es contrarrestar los engaños y la información falsa divulgada por los traficantes de personas para animar a más gente a empeñar sus exiguos recursos en la travesía hacia el norte. El mandatario descartó que esta medida haya sido acordada con su homólogo Joe Biden, pero refirió que sí responde a la intención de evitar que una eventual llegada masiva de personas a la frontera compartida con Estados Unidos sea explotada por políticos reaccionarios para atizar la xenofobia.
El dramático incremento en los flujos migratorios que atraviesan territorio mexicano pone al país en un predicamento. Por un lado, es inadmisible violar los derechos humanos de los viajeros o añadirles complicaciones cuando ya enfrentan las circunstancias más adversas; pero es igualmente irrenunciable la facultad del Estado de regular y documentar la afluencia de centenares de miles de seres humanos. No se trata de alguna compulsión de control, sino de necesidades que redundan en beneficio de los propios migrantes, quienes deben comprender que su recorrido está plagado de peligros y el Estado mexicano sólo puede protegerlos en la medida en que conozca sus identidades, su número, procedencia, ubicación, desplazamientos y características demográficas.
La realidad es que en el contexto actual una política de libertad mal entendida, en que las autoridades voltearan hacia otro lado y dejaran a los migrantes moverse a voluntad, no ayudaría en nada a su causa. En cambio, sería irresponsable y contraproducente, pues los viajeros quedarían a merced de delincuentes de este lado del río Bravo. Quienes lograran cruzar, tendrían que vérselas con la deportación inmediata, en el mejor de los casos, o con corporaciones y ciudadanos estadunidenses armados y exaltados por discursos de odio, en el peor. Ésa es justamente la catástrofe que se busca evitar.
En 2021 y 2022, el Instituto Nacional de Migración expidió 62 mil 81 visas humanitarias a migrantes del Caribe, Centro y Sudamérica, pero sólo 228 de ellas derivaron en peticiones de refugio, es decir, un abrumador 99.64 por ciento de quienes ingresan al país sin documentos no tienen intención de quedarse aquí, sino de dirigirse, tan pronto como les sea posible, a Estados Unidos. Aunque México no escogió ni propició en modo alguno esta situación, debe hacer todo lo posible para solventarla con éxito. Sin ninguna duda se vivirán episodios de gran tensión, pero cabe esperar que el país salga bien librado de este acuciante desafío, tanto para bien de los extranjeros que cada día arriban al país, como del vínculo bilateral con Washington. Ello requerirá desarrollar o actualizar manuales y protocolos de manejo y atención a los migrantes, respetar de manera escrupulosa los procedimientos, privilegiar las tareas de contención, así como actuar con racionalidad, sensatez y, por encima de todo, espíritu humanitario.
