Santiago. El gobierno chileno declaró ayer una “alerta roja” en las regiones del Biobío y Araucanía, en respuesta a la oleada de sabotajes y ataques incendiarios que lanzaron desde hace semanas diversas organizaciones insurgentes mapuches y que, lejos de disminuir, parecen ir al alza y con mayor violencia.

La “alerta roja”, precisó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, implica el envío de más equipo militar, particularmente blindados y helicópteros, e incrementar el despliegue de tropas para realizar más controles y fiscalizaciones en calles y carreteras, pero negó que vaya a aumentarse el contingente de 3 mil efectivos que allí operan.

También anunció la instalación de una segunda base militar en el interior del territorio mapuche.

“Hay otras medidas de seguridad que se van a implementar, pero que no las vamos a compartir, justamente porque son medidas que tienen que ver con la seguridad y que no pueden ser conocidas públicamente”, afirmó.

Atacan la industria forestal

Esta semana, los subversivos cortaron una línea férrea que utiliza la industria forestal, su principal objetivo, y continuaron incendiando maquinaria y vehículos empleados por aquella; atacaron a balazos un vehículo municipal en la localidad de Victoria, un cuartel policial y la vivienda familiar en la comuna de Ercilla del agricultor Héctor Urban, electo consejero constitucional el domingo por el ultraconservador Partido Republicano; en la camioneta viajaba el padre de éste.

La ofensiva insurgente ocurre pese a que desde hace un año, sin interrupción, el gobierno de Gabriel Boric aplica un estado de excepción acotado y la presencia de tropas, por lo cual desde sectores empresariales y políticos se cuestiona su efectividad y se reclama el estado de sitio junto a una arremetida militar.

“Entendemos que muchos no se explican que habiendo un estado de excepción se sigan produciendo hechos de violencia. Pero eso vuelve a mostrar la complejidad del desafío que el Estado chileno tiene para garantizar la paz, cuando hay grupos organizados que no están dispuestos a respetar la institucionalidad y la vida de las personas, y hacen uso de las armas de fuego para agredir y eventualmente para asesinar”, dijo Monsalve; “estamos obligados a fortalecer todas las medidas para evitar que estos hechos ocurran”.

Los mapuches reclaman la devolución de sus territorios ancestrales arrebatados por el Estado chileno y obtención de formas de autonomía.