Tijuana, BC. “Estamos en el limbo…” señaló una colombiana quien, junto con cientos de migrantes, lleva cinco días entre los dos muros que separan a Tijuana de San Diego, en espera de poder solicitar asilo al gobierno de Estados Unidos.

"Es un campamento de refugiados” como en cualquier sitio de mundo pero “es ilegal” porque bajo las leyes de Estados Unidos ellos tienen derecho a la asistencia humanitaria y a ser procesados de inmediato, apuntó Diego Javier Aranda Teixeira, abogado de “Al Otro Lado”, una organización con oficinas en California y esta ciudad que da asistencia a migrantes.

Sol -la colombiana que pide no le tome video- platica que los hombres fueron separados de las mujeres desde hace 5 días; que ellos están ubicados más cerca de la costa (es una zona de cañones y la prensa no puede ver el sitio donde se ubican) con mucho frío en la noche y que no reciben más que agua y galletas: “las familias acá les vamos reuniendo, comemos más poquito para llevarles algo a ellos”. Su hijo entre ellos.

Un varón, que se acerca al muro en busca de comida, la secunda; dice que ahorita son como 500 los hombres que están en el campamento más cercano al mar, que algunos llegan y mejor se van. -¿Por dónde están entrando al campamento? -Unos por un caño y otros por el hueco de una reja- pero no quiere decir más, porque “migración” va ir a bloquear.

Sol asegura que “solamente se están llevando a las familias con niños menores de dos años, son a los que se llevan más rápido …no importa el día que lleguen . Vengo de Colombia, tengo 45 años y estoy aquí porque la guerrilla se quería llevar a mi hijo de 19 años”. Nos resume.

También nos dijo que ella “ya había pasado; yo venía con mi nieto y me lo quitaron. Pasé la semana pasada aquí por Tijuana pero nos metimos por el lado de allá del caño”. Su nieto tiene 6 años, “el papá está allá y está haciendo lo posible por rescatarlo”. Ella quiere quedarse en Estados Unidos porque “soy la mamá de crianza de ese niño” y no desea que su hijo, de 19, termine con un fusil en la mano.

Es más de mediodía en Tijuana y el campamento de migrantes donde están concentradas familias, mujeres y niños que viajan solos se puede ver desde la Avenida Internacional, una vialidad que comunica San Diego con la zona de las playas de la ciudad, un suburbio de clase media. Hasta ahí, a la altura de la colonia Alemán, llegan los motociclistas que reparten comida vía aplicaciones y ciudadanos y organizaciones que desean ayudar a los migrantes.

Manzanas, naranjas, emparedados, botellas de agua, peluches y hasta biblias, reciben quienes se acercan a los barrotes, de ciudadanos que llegan con paquetes de pañales, cobijas para bebés o bolsas de pan. Treinta y dos dólares un paquete de “pollo feliz” con 8 piezas, pagó una joven venezolana. En realidad el negocio lo están haciendo algunos repartidores porque ellos compran los productos y los revenden a los migrantes.

Así empezó uno de estos jóvenes, quien pretendió ofertar sus burritos (tacos de tortilla de harina) en 5 dólares, pero cuando se le acercaron algunos que no tenían más, les aceptó un dólar y los últimos terminó regalándolos a quienes dijeron no haber comido “desde ayer”.

“Todo esto es muy arbitrario”, dice Diego Javier Aranda mirando hacia la hondonada donde se ubica el campamento: “Ya es territorio estadunidense, deberían procesar a todas estás personas, hay parejas casadas que perdieron las actas de matrimonio en el viaje o las de nacimiento de sus hijos… bajo la ley de Estados Unidos todas estas personas tienen derecho a ser escuchadas, a la asistencia humanitaria, a no tener hambre ni frío, sed o sueño para poder responder a las preguntas sobre su situación.. tienen derecho a hablar con una autoridad en otras condiciones. No tiene el gobierno razones para dejarlos aquí”.

—¿Hay capacidad instalada para atender a tanta gente?

—El gobierno siempre argumenta eso, que no tiene capacidad, pero es una mentira. Hemos visto las decisiones que toma y sabemos que si le da la oportunidad a la gente de entrar y empezar una causa casi todos regresan a sus citas y si no lo hacen es por falta de asistencia social. Tendrían que dejarlos pasar de inmediato y darles una cita, pero no lo están haciendo por motivos políticos e inhumanos”.

Algunos migrantes no tienen claridad de por qué deberían cruzar antes de que concluyera la aplicación del Título 42, pero se sienten contentos de llevar un brazalete que los identifica como alguien que pasó antes, sin importar si es amarillo o azul (dependiendo del día de la semana que arribaron).

Cerrado el capítulo del Título 42 -que contemplaba deportaciones inmediatas de quienes ingresaban sin documentos a su territorio-, Estados Unidos aplica en pleno las leyes migratorias desde el primer minuto de este 12 de mayo, las cuales contemplan sanciones como procesamiento criminal a reincidentes, veto de por lo menos cinco años para entrar legalmente, y posible pérdida de la oportunidad de obtener asilo.

El subsecretario adjunto de Comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Luis Miranda, explicó en una conferencia de prensa transmitida vía Facebook, que es una transición de un proceso administrativo que se aplicaba a migrantes que entraban ilegalmente a quienes se expulsaba rápidamente y sin consecuencias legales, a otro que tiene repercusiones serias, que están contempladas en el Capítulo 8.

Detalló que en el caso de las familias que ingresen también hay un nuevo proceso: "van a tener un sistema en el que en los primeros 30 días vamos a poder expulsarlas; en esos 30 días que están esperando van a tener muchas condiciones, incluido el uso de monitores electrónicos para que estén pendientes de la orden y de los resultados de esa consideración de asilo (…) no se van a poder quedar indefinidamente y eso es importante también que lo reconozcan".