Tijuana, BC., El gobierno de Baja California estimó que unos 6 mil migrantes están en la frontera que Tijuana comparte con San Diego, California, intentando entrar sin documentos a Estados Unidos, y ofreció a los 42 albergues de la entidad –que están todos saturados– instalarles Internet para que los extranjeros puedan concretar una cita a través de CBPOne, aplicación creada como primer contacto para pedir asilo político en el país vecino.

Los migrantes se arremolinan en el muro fronterizo. Apenas la Patrulla Fronteriza procesa a un grupo, aparece otro en medio de los dos muros que separan a México de Estados Unidos. Ahí están quienes llegaron ayer desde Colombia o Venezuela con uno o dos niños, pero también afganos.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila y el secretario de Gobierno, Catalino Zavala, afirmaron que la problemática se concentra en Tijuana. Según Zavala, se busca que los migrantes no lleguen directamente a las aduanas, sino que vayan a albergues y ahí hagan sus trámites.

Reconoció que “no está fácil la situación, pero hace algunos meses pudieron hacer el trámite 20 mil ucranios –refirió–. Se trata que todos estén en albergues para mayor seguridad, y que desde ahí hagan el trámite”.

En tanto, Washington anunció que abrirá 100 centros regionales de procesamiento en diferentes países, para orientar a migrantes en su petición de asilo vía el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

A las 23:59 horas de Washington del 11 de mayo, la orden de salud pública del Título 42 de la época de la pandemia se levantará –el covid-19 ya no es amenaza– y cuando eso ocurra, Estados Unidos reforzará sus fronteras con la aplicación de las normas migratorias del Título 8, que le permiten procesar y expulsar rápidamente a quienes lleguen a la frontera sin documentos, y no soliciten asilo previamente.

“Las personas que crucen la frontera suroeste de Estados Unidos sin autorización o sin haber utilizado una vía legal, y sin tener programada una hora de llegada a un puerto de entrada, se presumirá que no reúnen los requisitos para obtener asilo, salvo que se aplique una excepción. Si se les expulsa, se les prohibirá volver a entrar en el país durante al menos cinco años y podrán ser objeto de enjuiciamiento penal por intento reiterado de ingreso ilegal”, detalló el DHS en un comunicado.