Ya sin la vigencia del Título 42, que concluye hoy, el gobierno estadunidense regresará al Título 8 que aplicaba antes de la pandemia. Con esta disposición se faculta a las autoridades migratorias de ese país a procesar de manera expeditiva y expulsar de forma acelerada a personas que lleguen a la frontera sin documentos.

Estas facultades, que existen desde hace décadas, prevén consecuencias severas para el ingreso irregular de migrantes, que incluyen la prohibición de volver a entrar a Estados Unidos por al menos cinco años y la posible sanción penal ante intentos reiterados, lo que no sucedía con el Título 42.

El gobierno estadunidense ha dejado claro que las personas que crucen hacia ese país sin autorización o sin haber utilizado una vía regular, y sin haber concertado una cita específica para presentarse en un puerto de ingreso, se presumirá que no son elegibles para el asilo.

Maureen Meyer, vicepresidenta para programas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés), manifestó que al retomar dichas medidas, más que abrir la frontera a todas las personas que buscan ejercer su derecho a solicitar protección en Estados Unidos, “limitan el acceso” a ese país.

“Si bien esta política migratoria está acompañada con más vías para el ingreso legal, como los programas de visas humanitarias, de trabajo y de integración familiar, esto no quita que hay un desbalance, pues estas opciones son muy pocas para la cantidad de personas que siguen en necesidad de protección y que les están violando su derecho humano de poder buscar asilo en el país”, sostuvo en entrevista.

Fallas y anomalías

Además, señaló que las opciones para entrar de manera documentada a Estados Unidos no son del todo eficientes y algunas no están completamente claras. Ejemplificó con el caso de la aplicación CBP One, que se definió como la única forma para solicitar una cita para pedir asilo, la cual si bien incrementa el número de citas diarias, de 700 a mil, “son muy pocas para la cantidad de gente”, además de que requieren de un teléfono inteligente con una capacidad de navegación buena.

Meyer agregó que también falta claridad respecto al funcionamiento de los “Centros Regionales de Procesamiento” que se instalarán en Colombia y Guatemala, sobre la cantidad de citas que abrirán al mes y qué tipo de población atenderán. “Tampoco hay detalles sobre la reunificación familiar de quienes vienen de Guatemala, El Salvador y Colombia”.