El ex jefe delegacional de Benito Juárez Christian Von Roehrich obtuvo de un juez federal de distrito la suspensión provisional contra la vinculación a proceso que se le dictó por delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometidos por servidores públicos y asociación delictuosa. Las acusaciones que pesan sobre el también ex líder de los diputados panistas en el Congreso capitalino se relacionan con la trama corrupta que se ha denominado cártel inmobiliario, en la cual se encuentran implicados muchos de sus correligionarios, incluido el actual alcalde de la demarcación mencionada, Santiago Taboada.

El amparo otorgado a Von Roehrich es la última de una cadena de decisiones aberrantes de integrantes del Poder Judicial. Es imposible reseñar en este espacio todas las adoptadas por los togados, pero hasta el más somero recuento ilustra la alarmante tendencia a emitir fallos, por lo menos, cuestionables.

Así, en febrero, la ex secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles fue exonerada de los cargos de ejercicio indebido del servicio público, y un juez prohibió procesarla penalmente por el desvío de 5 mil millones de pesos cometido cuando encabezó la Sedesol. El mismo mes, a la esposa del narcotraficante y ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, Cristina Pereyra Gálvez, le fue devuelto el control sobre sus cuentas bancarias, y el mismo beneficio alcanzó al ex director de Seguridad Federal de la Policía Federal Luis Cárdenas Palomino, quien fue brazo derecho de García Luna. Otro juez anuló una orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El primer día de abril, el juzgado de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte decretó el cese de la prisión domiciliaria impuesta a Gilda Margarita Austin y Solís, madre y presunta cómplice del ex director de Pemex Emilio Lozoya. También en abril, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y el presidente Andrés Manuel López Obrador denunciaron a un juez federal que ha otorgado amparos sistemáticamente a los dueños de un inmueble que viola las normas de protección civil y uso de suelo.

Por otra parte, el Consejo de la Judicatura Federal no ha actuado contra el togado pese a que tiene antecedentes nefastos, como la liberación de uno de Los Porkys –sobrenombre con que se conoce a un grupo de jóvenes de familias influyentes de esa entidad que en 2015 violaron tumultuariamente a una menor– y de los padres de Marlon N, presunto feminicida. Ya en mayo, un juez federal declaró sin fundamento la orden de aprehensión contra Gilda Susana Lozoya, hermana de Emilio y presunta colaboradora del funcionario peñista en operaciones de lavado de dinero. La semana pasada, el juzgado segundo de distrito de procesos penales federales en Jalisco ordenó la inmediata y absoluta libertad de Héctor El Güero Palma, cofundador del cártel de Sinaloa. El narcotraficante continúa preso gracias a que la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó otra orden de aprehensión, pero quedó asentado el precedente de excarcelar a un criminal notorio y conocido.

El recuento anterior es apenas una pequeña muestra de las sentencias dictadas a favor de funcionarios corruptos, agresores sexuales y personas de negocios que lucran al margen de la ley. A la documentada tendencia a obstruir las investigaciones de las fiscalías y reforzar la impunidad debe sumarse la degradación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una abrumadora mayoría de cuyos integrantes se han constituido en una suerte de brazo judicial de la oposición política. El alineamiento de la SCJN con las fuerzas conservadoras quedó sellado este martes, cuando nueve de 11 ministros se pronunciaron a favor de invalidar las reformas legales que buscaban un mínimo saneamiento de las interferencias económicas en la vida política, así como transparentar y hacer menos oneroso el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral.

En suma, el estado de derecho se encuentra en entredicho por la amenaza de un Poder Judicial que obstruye la justicia y renuncia a su papel de garante de la ley al actuar sin tapujos en función de sus preferencias partidistas.