Madrid. La sequía llegó, este año de forma prematura, y el desastre económico y medioambiental se instaló en más de la mitad del territorio español. Ante este panorama, el Ejecutivo español, del socialista Pedro Sánchez, decidió aprobar un plan de urgencia, en un Consejo de Ministros extraordinario, con el que pretenden paliar los efectos que está provocando la ausencia de agua en el sector agroalimentario.

El monto inicial es de dos mil 190 millones de euros (45 mil millones de pesos), que irán sobre todo para los agricultores que están acumulando pérdidas millonarias porque este años sus producciones de olivas, cereales, melones, arroz o tomates, entre otros, no podrán salir adelante.

La Coordinadora de Organizaciones Agrícolas y Ganaderas (COAG), en la que están representados todas las regiones del país, advirtió hace más de un mes que el desastre es “inminente” y que, a día de hoy, ya hay “más del 60 por ciento del territorio español afectado por la sequía”.

Este no es un problema nuevo, de hecho ante los efectos del cambio climático, la ausencia de lluvias y el aumento de la temperatura ambiental, la situación se ha agravado en los últimos cuatro años de forma exponencial. De ahí que en las últimas semanas se hayan registrado numerosas movilizaciones de agricultores y ganaderos contra la “inacción” del gobierno central, que es finalmente es responsable de gestionar las Confederaciones Hidrográficas de los distintos ríos y embalses que hay en el país y que son finalmente los que abastecen de agua a la ciudadanía y a los agricultores y ganadores.

La inminente cita electoral del próximo 28 de mayo, en la que se renovarán los municipios y la mayoría de las comunidades autónomas del país, el gobierno se vio obligado a hacer un consejo extraordinario, precisamente para evitar que coincidiera con el inicio de la campaña electoral oficial. El plan, a pesar de su carácter urgente y extraordinario, requerirá de varias semanas para su entrada en vigor, pero la idea es que se destinen 784 millones de euros al sector primario, de los cuales 636 millones será en ayudas directas de Estado. Además habrá 355 millones para los sectores ganaderos cárnico y lechero, 276 millones para la agricultura y cinco millones para la apicultura. Además se incluyó una partida de 40,5 millones para contratar seguros agrarios y el aplazamiento del pago de cuotas sociales durante cinco meses a más de 730 mil trabajadores.

El plan también permitirá la reducción de “peonadas” (las jornadas del trabajador del campo) para acceder al subsidio de desempleo agrario, así como la exención de Impuesto sobre las Personas Físicas (IRFP) y de Sociedades por las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y la ampliación de las solicitudes de ayudas comunitarias hasta el 30 de junio.

La idea es extender el plan hasta el próximo 15 de septiembre, basándose a su vez en las previsiones de los organismos de meteorología del país, que vaticinan los peores augurios para el campo: no lloverá hasta dentro de tres o cuatro meses más, cuando hay algunas regiones en las que ya llevan más de 140 días sin ver caer agua del cielo.