El Órgano Interno de Control de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje cuenta con denuncias por dilación en el dictado de laudos hasta por más de cuatro años, promociones fuera de su expediente y sin trámite en la gestión, así como acuerdos que no se hicieron conforme a derecho, por lo que la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo determinó destituir a los presidentes de las juntas especiales.
Como parte de la estrategia para abatir el rezago que mantiene en 25 mil 323 asuntos laborales que no han sido desahogados, la dependencia reorganizará las juntas especiales para redistribuir las cargas de trabajo, además de revisar y aprobar la plantilla laboral.
El titular de la secretaría dará seguimiento a los trámites y ejecución de los laudos hasta su conclusión y se coordinará con las áreas de la administración pública para estas acciones con el fin de establecer las medidas necesarias para su cumplimiento.
De acuerdo con testimonios recabados entre usuarios, las audiencias se programan cada tres meses, por lo que entre la presentación de las demandas, el desahogo de pruebas y los alegatos, un juicio puede llevar años, como da cuenta el registro histórico de este organismo, que cuenta con expedientes abiertos desde la década de los 80 del siglo pasado.
Uno de esos casos es el de Fernando Sánchez, quien lleva seis años sin recibir la indemnización de su mamá –que falleció en el sismo de 2017– por parte de la fábrica que se encontraba en Bolívar 168.
Decidió entablar una demanda en contra de la empresa Seo Young porque se negó a resarcir el daño conforme a la ley. “Siempre trabajé con abogados de oficio y al principio hubo muy buena atención, pero por alguna cuestión nunca lo resolvieron y mandaron mi caso a nivel federal”.
Además de la tardanza en la resolución de demandas, los quejosos dicen que hay cobros indebidos para notificar o emplazar a los demandados, además de que es común que los expedientes se extravíen justo cuando el caso está por dictaminarse.
“Ahorita le dan prioridad a los que tienen amparos, pero los que no estamos rezagadísimos. Y ya no te piden para el refresco, ahora te dicen ‘no más cooperen para el Uber’ y eso significa desembolsar 500 pesos”, aseguró Carolina Soto.