Frente a una oposición que festejó ruidosamente en la tribuna de la Comisión Permanente la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar la primera parte del llamado plan B en material electoral, Morena los acusó de defender a “una casta de privilegiados”, que goza de más de 40 prestaciones millonarias y les advirtió que los nueve ministros que avalaron tal resolución podrían ser citados a comparecer e incluso ser sometidos a juicio político.

“El Poder Legislativo tiene facultades de control parlamentario sobre los ministros de la Corte, lo que sucede es que no las hemos ejercido”, recalcó en tribuna el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien lamentó las actitud triunfalistas de los opositores, que aplaudieron “como focas” esa resolución del máximo tribunal en la que asumió, dijo, facultades del Congreso.

Su compañera de bancada, Malú Micher, resaltó que no se quiere a los 11 ministros como integrantes del Legislativo.

En el acalorado debate, legisladores de PAN, PRI, PRD y MC prácticamente rindieron homenaje a los ministros que invalidaron la Ley de Comunicación Social y la de Responsabilidades de los Servidores Públicos en Materia Electoral. “¡La Corte no se toca!”, advirtió el coordinador de los senadores priístas, Manuel Añorve, mientras el diputado perredista Marcelino Castañeda lanzaba vivas desde el pleno al máximo tribunal.

La senadora del PAN Kenia López Rabadán fue más allá. “Honor a quien honor merece”, gritó, mientras daba las gracias, “a nombre del pueblo de México” a los nueve ministros, a los que fue nombrando uno a uno y pidió aplausos para ellos.

A diferencia de lo que declaró un día antes de que la Corte le enmendó la plana al Congreso, ayer el senador Monreal pidió a los opositores dejar de aplaudir y los criticó por proteger a una “casta de privilegiados” que sin importar las austeridad asumida por el Ejecutivo y el Legislativo, en la Suprema Corte viven entre excesos y abusos.

Mencionó algunos de esos 40 beneficios excesivos: sueldo de 300 mil pesos al mes, aguinaldo de 600 mil pesos, prima vacacional de casi 100 mil pesos, y de que cada ministro recibe mensualmente 80 mil pesos para comer en restaurantes, pese a contar con un comedor especial en las propias instalaciones de la Corte, además de 5 millones y medio de pesos para el pago de personal a su cargo.

Igualmente tienen dos suburban blindadas, que en conjunto valen 6 millones de pesos, vehículos que se renuevan cada año y con las que se pueden quedan al retirarse; pago por riesgo de más de más de 640 mil pesos anuales, pago por gasolina de más de 22 mil pesos al mes, seguros para sus autos y casas, atención especial para todo trámite.

Mientras el enojo de la oposición iba en aumento, Monreal insistió en que los ministros cuentan con seis teléfonos celulares de gama alta que se renuevan cada año y seguros de gastos médicos mayores que pueden incluir a los cónyuges, a los hijos y hasta los nietos. Al retirarse, lo harán casi con el mismo sueldo y con un haber de retiro, dos personas “de apoyo y un seguro de separación de 20 millones de pesos”.

La senadora panista Kenia López Rabadán protestó, al igual que el diputado del blanquiazul Jorge Triana, que desde su escaño gritaba, pero Monreal les dijo que “se desnudan”, al permitir que la Corte sustituya al Legislativo. Expuso que la presidenta de la Corte, Norma Piña, sostuvo que ese tribunal ejerció el control parlamentario y el Congreso puede también hacerlo y ese control va desde llamarlos a comparecer o el juicio político en su contra.

Igualmente, los diputados del PT y del PVEM Reginaldo Sandoval y José Luis Llaven sostuvieron que hay una intencionalidad política de la Suprema Corte. Una intención golpista, recalcó el primero.