San José. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, removió a la cúpula superior del Ministerio de Seguridad al cumplir un año de su gobierno, en medio de la peor crisis de criminalidad que enfrenta el país, reconocido durante décadas por ser uno de los más seguros de Latinoamérica.

Costa Rica registró en 2022 la mayor cantidad de asesinatos de su historia, con una tasa de 12,6 por cada 100 mil habitantes. En los primeros cuatro meses de 2023 reporta un aumento superior al 40 por ciento en el total de homicidios, al pasar de 218 a 311, según cifras oficiales.

Sin embargo, la nación aún se mantiene como una de las más seguras de Latinoamérica y el Caribe. Jamaica y Venezuela, por ejemplo, tienen tasas de homicidios por encima de 40 por cada 100 mil habitantes.

Tras cumplir el 8 de mayo su primer año en el poder, Chaves nombró como nuevo ministro de Seguridad al abogado Mario Zamora, quien ocupó ese mismo cargo entre 2011 y 2014, durante el gobierno de Laura Chinchilla, a quien se le reconoce haber aplacado entonces el crimen.

Zamora dijo que el énfasis suyo, el de sus viceministros y los nuevos jefes de los cuerpos policiales será combatir el sicariato, al que las autoridades atribuyen dos de cada tres asesinatos en un contexto de enfrentamientos entre bandas ligadas al narcotráfico.

"Vamos a dirigir los objetivos de manera central a la lucha contra los homicidios y esencialmente centrados en el sicariato", dijo Zamora sobre sus metas contra la inseguridad, señalada como el mayor problema del país, según una encuesta de abril de la pública Universidad de Costa Rica (UCR).

El mandatario ha recibido críticas de partidos opositores por una supuesta falta de acciones contra la inseguridad y por una reciente propuesta de aumentar los patrullajes, ya que dos días después debió suspenderla por protestas de los uniformados contra el recorte de sus días libres.

En su anuncio del 19 de abril, Chaves llevó al congreso cinco propuestas de reformas para impulsar cambios como el endurecimiento de la ley penal juvenil y permitir la extradición de costarricenses requeridos por otros países en casos de narcotráfico. Sin embargo, las iniciativas se toparán con una mayoría opositora en la Asamblea Legislativa.