Chihuahua, Chih., Un juez de control giró una orden de aprehensión contra Arturo Fuentes Vélez, quien encabezó la Secretaría de Hacienda estatal durante la administración del panista Javier Corral Jurado (2016-2021), a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, que lo acusa de un desfalco de 98.6 millones de pesos, recursos que habría entregado discrecionalmente a un despacho privado durante la restructura de la deuda pública estatal.

Fuentes Vélez fue declarado prófugo a partir de una indagatoria en la que aparece como supuesto responsable de los delitos de uso ilegal de atribuciones y peculado, informó ayer el fiscal anticorrupción del estado, Abelardo Valenzuela Holguín.

Explicó que los ilícitos que se atribuyen a Arturo Fuentes fueron descubiertos en una auditoría forense de la cuenta pública 2021 de Chihuahua, y la fiscalía encontró que podrían configurarse conductas de mayor gravedad y punibilidad, entre ellas peculado agravado.

Agregó que Fuentes Vélez, valiéndose de su cargo, actuó como representante del gobierno estatal en un fideicomiso maestro para el pago de la deuda pública “y realizó diversos actos concatenados para dar apariencia de legalidad a dos pagos a favor de un despacho privado, el cual contrató”.

El fiscal anticorrupción sostuvo que el entonces secretario de Hacienda distrajo del erario dos pagos ilegales por 49 millones 300 mil pesos cada uno, el 3 de diciembre de 2019 y el 5 de agosto de 2020, a favor del despacho contratado de manera irregular, con la finalidad de realizar el refinanciamiento de la deuda pública estatal.

“Los pagos fueron ilegales porque no se acreditó suficiencia presupuestal, no hubo investigación de mercado ni dictamen para acreditar la necesidad de los servicios de asesoría antes de firmar la contratación”, detalló.

Además, “el prestador de servicios no contaba con registro en el padrón de proveedores del gobierno del estado, no se establecieron garantías de cumplimiento y se ocultó el contrato al no capturarlo en el sistema electrónico de compras”.

Afirmó que el bufete implicado en este caso tampoco entregó evidencias de cumplimiento de los servicios prestados, por lo que se presume distracción de recursos públicos.