Los derechos de las personas con discapacidad siguen pendientes a 15 años de que México ratificó la Convención de Naciones Unidas en la materia y se comprometió a elaborar un plan integral de atención. Organizaciones civiles advirtieron la urgencia del tema ya que, debido al aumento en la esperanza de vida, estimaciones oficiales indican que prácticamente “todos tendremos alguna discapacidad en nuestros últimos nueve años” de vida.

Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que en el país viven casi 21 millones de individuos con alguna discapacidad, quienes representan 16.5 por ciento de la población. Las asociaciones destacaron que una acción pública a favor de este sector se traduce en beneficios para quien tiene la deficiencia física y cinco personas más (familiares y amigos).

Resaltaron que se necesita adoptar una visión integral que va “mucho más allá” de un enfoque asistencialista centrado en la entrega de apoyos económicos.

Las agrupaciones, coordinadas por la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Coamex), elaboraron una propuesta de acciones que entregarán al gobierno federal. El objetivo es acelerar el paso y garantizar el ejercicio pleno de derechos de los individuos con alguna discapacidad, en particular de quienes se identifican como indígenas.

Del total de individuos con discapacidad registrados en 2020 en el país, 6 millones 179 mil 890 se identificaron con deficiencia física, mientras 13 millones 934 mil 448 (11.1 por ciento) con alguna limitación para realizar actividades de la vida diaria como caminar, ver, oír, autocuidado, hablar o comunicarse, recordar o concentrarse. En tanto, 723 mil 770 (0.6 por ciento) tienen algún “problema o condición mental”.

Guillermo Hernández, coordinador de Coamex, resaltó que aún falta mucho para lograr el cumplimiento efectivo de los preceptos contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

El año pasado, el Estado mexicano recibió observaciones y recomendaciones del comité de expertos independientes creado por Naciones Unidas en México, en el cual se reiteró la necesidad de que las medidas se apliquen con perspectiva de género en beneficio de niñas y adultas.

También señalaron la carencia de mecanismos de consulta en todos los niveles de gobierno para tomar decisiones en los asuntos que afectan a este grupo de la población.

Con la finalidad de acelerar el proceso para contar con un plan nacional, las agrupaciones civiles realizaron el tercer Foro de Institutos y Organizaciones de y para Personas con Discapacidad, donde se presentó el documento.

Hernández resaltó la importancia de que, al menos en los estados, haya espacios para el diálogo entre autoridades y las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones que las representan para avanzar en el cumplimiento de la CDPD.