No es suficiente la caracterización conservadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para tratar de justificar el seco golpe que con contundencia numérica (nueve votos a dos) le asestó ese máximo tribunal a la forma procesal que para conducir sus asuntos ha aplicado la mayoría morenista, con sus aliados, en asuntos legislativos controvertidos.

La resolución adversa a la primera parte del llamado plan B electoral tuvo de su lado al propio Arturo Zaldívar, tan apreciado en Palacio Nacional que se había intentado mantenerlo en la presidencia de la Corte dos años más, sin mayor valimiento que un artículo transitorio presentado a última hora en el congreso. Ni siquiera se entró al fondo del asunto del plan B, pues a nueve de los ministros, contra la opinión de Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, les pareció que el desaseo procesal cometido en el Poder Legislativo era suficiente para invalidar las reformas en cuestión.

La decisión de la Corte generó inmediato júbilo en los opositores al obradorismo, que consideraron el desenlace de este lunes como un adelanto de lo que sucederá cuando se juzguen tanto el siguiente y último tramo del citado plan B como las reformas legales aprobadas un reciente viernes vertiginoso en el patio de la sede original, ahora alterna, del Senado. Los activistas contra la llamada 4T no se detienen a considerar que al ligar con sus intereses partidistas las posturas de los ministros de la Corte afectan la imagen de independencia cuasi heroica que pretenden atribuir a esos jurisconsultos.

En el flanco morenista, ondea una interpretación jurídicamente incorrecta, pero política y electoralmente redituable, al pretender contrapuntear lo decidido por los legisladores, elegidos de manera directa por el voto popular, con el control constitucional de actos del Ejecutivo y del Legislativo ejercido por ministros electos de manera indirecta, no por voto popular, porque así lo establece la propia Constitución y así lo han jurado respetar los integrantes de los otros poderes.

Cierto es que la Corte ha sido sistemáticamente una plataforma de gestión y convalidación de intereses conservadores, que sus asientos han sido ocupados con frecuencia por personajes propicios a la corrupción y el abuso, y que al llegar la ministra Piña a la presidencia de ese órgano se han producido resolutivos sumamente polémicos por beneficiar intereses políticos oscuros, pero también sería equilibrante el revisar la forma en que la mayoría de Morena y sus aliados han decidido llevar algunos procesos legislativos delicados, que luego terminan bajo la lupa judicial, como el caso del plan B.

También es adecuado tener en cuenta que el choque entre los poderes Ejecutivo y Judicial pretende ser conducido por representantes del primero hacia el escenario electoral de 2024, a nombre de un plan C que busca incentivar a los electores a que den a Morena y sus asociados una mayoría legislativa tan amplia que puedan aprobarse por mayoría calificada las reformas constitucionales que plantee el previsible segundo periodo presidencial morenista.

El “voto parejo”, como es denominado, desea que los ciudadanos sufraguen a favor de las planillas de la 4T sin objeciones, a rajatabla, sin revisar historiales, congruencia ni perspectivas de los aspirantes a San Lázaro y el Senado. Esa postura acrítica ha llevado a diversos sitiales de poder en todo el país a personajes sumamente reprobables, deshonestos y oportunistas, que se cobijan bajo el manto de la 4T a la hora de las candidaturas, en procesos internos desaseados e incluso señalados en varios casos como producto de la venta de postulaciones.

Es necesario luchar por reformar y sanear la Corte, denunciar sus distorsiones y trampas, pero también es necesario revisar el modo desaseado y presuroso en que el morenismo está despachando tanto asuntos claves en las cámaras como en la definición de abanderados a cargos públicos en general. ¡Hasta mañana!

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